La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó este jueves que el nuevo Código Penal representa un avance histórico en la lucha contra la corrupción en el país, al tipificarla por primera vez como un delito autónomo. Esto significa que cualquier acto doloso que afecte al patrimonio público será considerado corrupción y podrá ser sancionado, incluso si no está descrito explícitamente en otro tipo penal.
«Cualquier hecho doloso que afecte al patrimonio público es un acto de corrupción y puede ser sancionado, aunque no esté expresamente descrito en otro tipo penal», explicó Reynoso durante una conferencia en la Dirección General de Aduanas (DGA).
Un «gran código» alineado con estándares internacionales
Reynoso valoró la nueva legislación como un «gran código», alineado con convenciones internacionales y con los países más avanzados en la materia.
«Toda norma es mejorable, pero le puedo decir al Congreso y a la sociedad que es un gran código. Es un código penal moderno», afirmó la procuradora.
«Esto no lo decimos por decirlo, lo decimos porque lo buscamos, lo estudiamos e hicimos la comparación debida», agregó.
La corrupción: Un delito que afecta a toda la sociedad
Reynoso subrayó que la corrupción no es solo un problema administrativo, sino un fenómeno que afecta directamente el desarrollo del país.
«Cuando se comete un acto de corrupción, los fondos que deben ir a salud, educación o seguridad no llegan. La víctima de la corrupción es la sociedad entera», señaló.
Para ilustrar su punto, puso como ejemplo un caso de soborno en una aduana que permite la entrada de un contenedor con armas de fuego:
«Quizás quien recibió el dinero lo vea solo como un soborno, pero esas armas terminan en manos de la criminalidad, en cadáveres, en muerte. Y las víctimas pueden ser incluso la misma persona que aceptó el soborno, su familia o cualquier ciudadano», advirtió.
Novedades del nuevo Código Penal
El nuevo Código Penal, promulgado a principios de agosto por el presidente Luis Abinader, moderniza una norma legal de 141 años y fortalece los mecanismos contra la corrupción administrativa, con medidas como: Ampliación de plazos de prescripción (hasta 30 años). Endurecimiento de sanciones (penas de hasta 20 años de prisión). Inhabilitación para ocupar cargos públicos para los condenados. Persiguen el cibercrimen y el comercio digital, incluyendo la manipulación de datos electrónicos en operaciones aduaneras.
Además, por primera vez, las empresas pueden ser procesadas penalmente por delitos como:
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Fraude fiscal.
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Contrabando.
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Falsificación de documentos aduaneros.
