El Tribunal Colegiado de San Crist\u00f3bal conden\u00f3 a seis a\u00f1os y nueve meses de prisi\u00f3n, y el pago de una multa de 30 millones de pesos, en contra del exalcalde y Ra\u00fal Mondes\u00ed, por malversaci\u00f3n fondos durante su gesti\u00f3n al frente de la alcald\u00eda de San Crist\u00f3bal, en el per\u00edodo 2010-2016.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n se produjo tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio P\u00fablico y las defensas.<\/p>\n\n\n\n
Mediante este acuerdo Mondes\u00ed, un expelotero de Grandes Ligas, completa la pena impuesta por los jueces en su contra.<\/p>\n\n\n\n
Junto al exalcalde, quien cumpli\u00f3 seis a\u00f1os de prisi\u00f3n domiciliaria, tambi\u00e9n fueron condenados el exsecretario general de dicha alcald\u00eda, Bienvenido Araujo Japa; el extesorero, Jes\u00fas Antonio Ferreira, y el excontralor, Pedro Cordero.<\/p>\n\n\n\n
En los casos de Japa y Ferreira ambos fueron condenados a tres a\u00f1os, a ser cumplidos, un a\u00f1o en arresto domiciliario y dos suspendidos condicionalmente, con las condiciones que imponga el juez de la ejecuci\u00f3n de la pena.<\/p>\n\n\n\n
Ambos imputados tambi\u00e9n deber\u00e1n pagar 20 millones de multa en beneficio del Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a Cordero, condenado por violar su obligaci\u00f3n de informar a las autoridades de las ilegalidades del ayuntamiento, como est\u00e1 estipulado en el art\u00edculo 21 p\u00e1rrafo 4 de la Ley 176-02, tendr\u00e1 que cumplir tres a\u00f1os suspendidos con las condiciones a ser impuestas por el juez de la ejecuci\u00f3n de la pena.<\/p>\n\n\n\n
En su acusaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico acus\u00f3 a los procesados por violaci\u00f3n a los art\u00edculos 123, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 265 y 266 del C\u00f3digo Penal dominicano, que prev\u00e9n los delitos de coalici\u00f3n de funcionarios, falsificaci\u00f3n de documentos, uso de documentos falsos, prevaricaci\u00f3n, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociaci\u00f3n de malhechores, precedidas por las prescripciones de las disposiciones del Decreto No. 319-98 del 25 de agosto de 1998, en sus art\u00edculos 1, 2 y 3, los art\u00edculos 1, 2 y 3 de la Ley No. 6-86 que crea el fondo de Pensiones de los Trabajadores del \u00c1rea de la Construcci\u00f3n, el art\u00edculo 62 de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social y el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Tributario (Ley No. 11-92), del 13 de abril del a\u00f1o 1998); el art\u00edculo 16, 17 y 65, p\u00e1rrafo II, de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; art\u00edculo 21, P\u00e1rrafo IV, y 60 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios; art\u00edculos 14 y 17 de la Ley No. 1832-48 de la Direcci\u00f3n General de Bienes Nacionales, los art\u00edculos 15, 23, 24, p\u00e1rrafo III, y 31 del Reglamento No. 6105-49 sobre Bienes Nacionales, y el art\u00edculo 146 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica sobre proscripci\u00f3n de la corrupci\u00f3n\u201d, expresa el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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