Con pancartas, consignas, cornetas y bocinas, los manifestantes recorrieron la calle Doctor Delgado hasta llegar a la casa de gobierno, donde exigieron al presidente Luis Abinader intervenir para detener el proyecto.

La movilización provocó la obstrucción parcial del tránsito en una de las principales vías de acceso al Palacio Nacional, mientras los comunitarios reiteraban su oposición a la instalación del vertedero.

Los manifestantes sostienen que la construcción del depósito de residuos tendría un impacto negativo sobre los recursos naturales de la comunidad, además de afectar la calidad de vida de las familias que residen en la zona.

Durante la protesta, los residentes afirmaron que su lucha no es reciente, sino el resultado de años de reclamos dirigidos a las autoridades para impedir que el proyecto sea ejecutado en La Cuaba.

Los comunitarios hicieron un llamado al Gobierno para que escuche sus demandas y busque una alternativa que no comprometa el entorno ambiental ni la salud de quienes habitan en la comunidad.

Asimismo, advirtieron que mantendrán las jornadas de protesta hasta obtener una respuesta oficial sobre el futuro del proyecto, al insistir en que no permitirán la instalación del vertedero en su territorio.

La manifestación transcurrió bajo la vigilancia de agentes de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, sin que se reportaran incidentes durante el desarrollo de la protesta.

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Realizaron un descenso al vertedero municipal a cielo abierto, para constatar la amenaza al medio ambiente y a la salud de la población, que este representa.

El manejo inadecuado del vertedero, la contaminación ambiental y el daño a la salud de los habitantes, es una situación a la que las autoridades municipales deben darle solución inmediata.

La Fuerza del Pueblo de Villa Vasquez, acompañará a la población en una jornada de educación y movilización, hasta que el gobierno municipal y el gobierno central resuelvan esta problemática.

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De acuerdo con el comunitario, la acumulación de desechos se ha convertido en un vertedero improvisado, generando malos olores, contaminación ambiental y riesgo para la salud de los residentes y transeúntes del área.

El denunciante hizo un llamado a las autoridades municipales, a la Policía Nacional y a la DIGESETT para que intervengan de manera urgente, dispongan la limpieza del lugar y adopten medidas que eviten que esta situación vuelva a repetirse.

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Desde horas de la madrugada hasta las 10:00 de la mañana, los residentes salieron a las calles para expresar su negativa al proyecto, que temen se convierta en un vertedero y afecte su calidad de vida.

Esta protesta ocurre tras las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, quien tras ser entrevistado en un espacio televisivo esta semana negó que sea un vertedero lo que se pretende realizar en La Cuaba.

El funcionario dijo que lo que se construirá será una planta de valorización.

“No es un vertedero. Es una planta de valorización que se va a hacer en la zona”, dijo al hablar en el programa Hoy Mismo.

De igual forma, el ministro negó que sera cierto que en la zona donde se instalará la planta cuente con fuentes acuíferas, y que la misma tenga afectaciones ambientales, ya que se manejará con “estándares internacionales que no va a afectar en lo más mínimo”.

Esta comunidad salió a las calles el pasado 23 de noviembre en una protesta pacífica, donde escenificaron una caminata por las calles, vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.

Esta manifestación contó con el respaldo de la iglesia evangélica en la zona, así como del alcalde de La Cuaba, Carlos Montaño, y el diputado de la circunscripción 5 de Santo Domingo, Aldo Adón, quien sometió un proyecto de ley que declara el distrito municipal de La Cuaba como ecoturístico.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023. Este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.

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