El conjunto de leyes y decisiones administrativas adoptadas por el Congreso y otros órganos del Estado durante las últimas décadas ha permitido que los partidos políticos eludan un control efectivo sobre el manejo de los 28,423 millones de pesos de recursos públicos que han recibido en lo que va de este siglo.
Hace ocho años, los legisladores crearon una unidad de fiscalización en la Junta Central Electoral (JCE), pero limitaron sus funciones a la recepción y revisión formal de los informes financieros. Como explica el director de esa unidad, Ramón Hilario Espiñeira, la normativa no le otorga facultades para realizar auditorías, inspecciones de campo ni verificar la veracidad de los registros presentados por las organizaciones políticas.
Esas facultades corresponden a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, el organismo no publica auditorías a partidos políticos desde 2017 y, cuando las realizó en años anteriores, detectó irregularidades en el manejo de importantes sumas de dinero sin que se conocieran consecuencias.
La auditoría más reciente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) corresponde al 2008. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fueron auditados en 2016; el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en 2012; mientras que la Fuerza del Pueblo (FP), fundada en 2020, nunca ha sido objeto de ese tipo de revisión. Además, los planes anuales de auditoría publicados por la Cámara de Cuentas desde 2020 solo contemplan dos auditorías a organizaciones políticas.
Una revisión formal
La Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos tiene como función principal verificar que las organizaciones lleven su contabilidad y registren sus operaciones. No obstante, la ley no le permite actuar sobre el contenido de esos reportes ni comprobar si la información suministrada es veraz. En la práctica, mientras los informes sean depositados dentro de los plazos establecidos, la JCE debe continuar desembolsando los recursos que corresponden a los partidos.
La legislación concede seis meses para presentar el informe financiero anual, un plazo que casi todas las organizaciones agotan poco antes de que se cumpla. Hasta el 25 de junio pasado, solo cinco de las 41 organizaciones beneficiarias habían entregado su documentación, según reporta Espiñeira.
«Los partidos presentan informes; nosotros hacemos una revisión mínima, porque les solicitamos documentos de soporte, pero no tenemos facultad para auditar los estados financieros. La ley dice que les damos el visto bueno, pero quien realmente tiene la potestad de auditar es la Cámara de Cuentas. Nosotros solo verificamos que el informe tenga lógica y esté presentado adecuadamente», explica Ramón Hilario Espiñeira, director de la unidad. Continuar la lectura en Diariolibre.com
