San Pedro de Macorís. El martes 14 de febrero del 2017 San Pedro de Macorís y la comunidad nacional fueron estremecidas por la trágica muerte de dos comunicadores, asesinados mientras laboraban en la emisora F.M. 103.
Se trata de Leo Martínez, director del programa Milenio Caliente y Luis Manuel Medina, uno de los productores de dicho espacio, quienes fueron acribillados a tiros cerca de las 10 de la mañana. En el hecho también fue herida de balas la secretaria Dayanara García quien sobrevivió milagrosamente, mientras otros empleados de la emisora salvaron la vida escondiéndose debajo de escritorios y logrando pasar desapercibidos.
El asesino de los dos locutores fue José Rodríguez (Joselito), quien posteriormente al hecho fue ejecutado cerca de la estación de bomberos que está hacia la salida de La Romana.
Joselito había estado reclamando al Consejo Estatal del Azúcar que le devolvieran un dinero que había avanzado para unos terrenos y que luego fueron adjudicados a otra persona. El CEA reconoció la deuda e incluso, por el hecho fueron destituidos el director del CEA y otros funcionarios, pero ahí se quedó todo.
Este hecho sangriento fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Circulo de Locutores Dominicanos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y otras instancias de los derechos humanos.
Pese a la trascendencia del hecho y a que destapó un entramado de corrupción en el Consejo Estatal del Azúcar, hasta la fecha no existe un solo hombre o mujer apresado y todo indica que los horrendos crímenes se mantendrán impunes.
Algunos de los culpables por vender tierras e inmuebles del CEA, y acusados de estafar a decenas de personas, que fue el detonante del caso, andan vivos y coleando y muy felices por las calles de Macorís, sin que la justicia haga nada.
Para estudiar los horrendos crímenes y las causas que lo originaron, el presidente de la República de entonces, Danilo Medina, creó una comisión investigadora que estuvo encabezada por el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, e integrada por José Dantés Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Títulos y Lidio Cadet, director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG), quienes realizaron interrogatorios, se reunieron con familiares y entregaron el informe al Presidente de la República.
En dicho informe se recomendaba tramitar a la justicia los hallazgos ya que existían otras personas que pudieran estar involucradas por cohecho. Sin embargo, nadie en la justicia ha movido la acción para lograr que estos crímenes no queden impunes.
La comunidad petromacorisana sigue indignada.
La justicia no puede seguir pasiva ante estos hechos.
Dejar impunes estos crímenes, será la mayor afrenta a esta sociedad y los responsables de la justicia que deben llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, tendrán que cargar su conciencia, todo el peso de haber traicionado el deber de hacer que estos crímenes no queden impunes y que los responsables del CEA, que detonaron la crisis que terminó en tragedia, paguen por los robos y por las tierras del CEA vendidas de manera ilegal y fraudulenta.
San Pedro de Macorís exige justicia. Y este medio, en el quinto aniversario de tan horrendos crímenes, exige que el caso sea reabierto e investigado.