Bávaro. Uno de los principales ejecutivos del proyecto Cap. Cana, arremetió ayer contra el grupo Punta Cana, al que  acusa de tener en su poder una sentencia correspondiente a un proceso judicial del que no son parte, antes de que ésta haya sido comunicada a quien inicia las acciones judiciales.

Para Hazoury esto violenta lo que un estado democrático y de derecho como el que aspira a ser la República Dominicana. 

Desde hace varios años existe un enfrentamiento entre la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Punta Cana International Airport,  y los promotores del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro, que impulsa el grupo Cap Cana.

El ejecutivo de Cap. Cana acusa a los ejecutivos de Punta Cana,  en una carta dirigida a un medio periodístico digital, de querer “apropiarse y controlar el sector aeroportuario dominicano a través de sucesivas y cuestionables maniobras llevadas a cabo desde su fundación”.

Explica que el Aeropuerto Internacional de Bávaro ha sido el resultado de un detallado y completo análisis desde los puntos de vista de oportunidad, técnico y legal, a cargo de los promotores del proyecto, con el apoyo de empresas y profesionales nacionales e internacionales de amplio prestigio, en el que las diferentes autoridades públicas ejercieron ampliamente sus respectivas funciones reguladoras y de control.

Señala que este proceso se vio materializado mediante autorizaciones y aprobaciones, en cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 26 de la Ley núm. 491-06, de Aviación Civil, en virtud del cual, las únicas autoridades llamadas a intervenir a ese efecto lo hicieron a través de los siguientes instrumentos:

  • El Instituto Dominicano de Aviación Civil emitió su autorización mediante la Comunicación 1913, de 2 de julio de 2020, dirigida al Presidente de la República, adjuntando el Oficio DVSO-241-20, de 16 de junio de 2020 y sus anexos técnicos motivando adecuadamente su decisión.
  • El Presidente de la República, emitió su aprobación mediante el Decreto 270-20, de 21 de julio de 2020, habilitando el Aeropuerto como puerta de entrada y salida a nuestro país.

Para Abraham Hazoury, la relación contractual entre el Estado Dominicano y Aeropuerto Internacional de Bávaro S.A.S. queda establecida mediante el Contrato suscrito el 28 de julio del 2020, donde el Estado, representado por el Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, “…otorga su autorización a LA COMPAÑÍA, tan amplia y suficiente como fuere necesario, para el establecimiento, desarrollo, construcción, operación y explotación económica del Aeropuerto Internacional de Bávaro…”

Manifestó que todas las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo destacan el contrato como un hecho no controvertido y aclaran que su contenido no afecta al mismo ni al Decreto 270/20 que le sirve de soporte.

Explica en su misiva que el proceso fue tutelado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo que, en 10 de julio de 2020, emitió un amplio informe de 47 páginas donde se aclaraban los aspectos técnicos y jurídicos, así como las modalidades contractuales y de relación entre el Estado y los diferentes aeropuertos privados y concesionados existentes en nuestro país.

“La abierta oposición de Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y Grupo Punta Cana, su principal accionista, en la defensa de un irritante monopolio que choca con los principios de libertad de empresa e igualdad de oportunidades consagrados en nuestra Constitución, se ha ejecutado mediante la interposición de recursos y denuncias falsas ante las diferentes autoridades”, dice Hazoury.

Manifiesta que pese a haber cumplido todos los requerimientos técnicos y legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico, con la llegada de nuevas autoridades al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se ha llevado a cabo el uso de la autoridad pública para impedir la puesta en marcha del proyecto y desconocer los derechos contractuales de Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Se quejó de que las autoridades del IDAC, hicieron caso omiso a las comunicaciones y ofrecimientos realizados por Aeropuerto Internacional de Bávaro, iniciando un proceso para declarar lesivo al interés público el proyecto, en una inexplicable dejación de su función como regulador y principal promotor de la actividad aeronáutica de nuestro país.

“Todo esto se ha hecho sin que el IDAC aun haya argumentado una sola razón técnica que cuestione las aprobaciones emitidas y sin que, como es preceptivo, haya justificado cómo el Aeropuerto Internacional de Bávaro es lesivo al interés público”, dijo Abraham Hazoury en una amplia carta sobre el tema.