La medida del presidente Daniel Ortega, según los críticos, es el intento más reciente de reprimir a la disidencia, después de perseguir a los opositores y ampliar su estancia en la presidencia.

La población estudiantil políticamente activa de Nicaragua, uno de los últimos focos de oposición al gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega, es también el último objetivo de su amplia represión de la disidencia; cinco universidades privadas han sido puestas bajo el control del Estado.

El gobierno indicó que las universidades fueron despojadas de su capacidad de operar independientemente este mes porque no habían cumplido con las regulaciones financieras. Los críticos, sin embargo, consideraron la medida como el más reciente esfuerzo de Ortega para reprimir los desafíos al control que tiene del poder, que es cada vez mayor.

Desde el año pasado, su gobierno ha encarcelado o puesto bajo arresto domiciliario a activistas políticos y líderes de la sociedad civil, ha allanado oficinas de medios de comunicación, ha prohibido las protestas callejeras y ha cerrado docenas de organizaciones no gubernamentales. En noviembre, Ortega se presentó a un cuarto mandato consecutivo en una votación sin ningún contrincante creíble, y ganó.

Las universidades habían sido uno de los últimos centros de resistencia.

El gobierno dijo que el Consejo Nacional de Universidades, un órgano consultivo del Estado, supervisaría las instituciones puestas bajo su control. Esta semana, un funcionario del partido gobernante calificó a otra universidad privada, que los observadores temen que sea la siguiente en ser tomada, como un semillero de terrorismo que promueve la violencia y la desinformación.

Los activistas de la oposición y los académicos temen que sean inminentes más tomas de control de este tipo, y que la creciente represión obligue a las universidades a censurar a los profesores o estudiantes que no teman expresar su opinión. Los académicos también temen que la calidad de la educación disminuya a medida que los leales al gobierno, no cualificados y hostiles a la educación, vayan llenando las filas.

Ernesto Medina, ex rector del campus de León de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, una de las más grandes del país, dijo que la apropiación del gobierno era una advertencia para las aproximadamente 30 universidades privadas que quedan.

“La señal es que si quieren mantener su personería jurídica tienen que portarse bien, tienen que estar callados, no hay que criticar nada, no hay que analizar nada”, dijo Medina. “Eso es matar a la universidad”.