La difamaci\u00f3n por medios digitales se ha convertido en uno de los ciberdelitos m\u00e1s judicializados en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda del Distrito Nacional recibe anualmente decenas de querellas por difamaci\u00f3n e injuria, un reflejo de la creciente conflictividad generada por el auge de las redes sociales y las plataformas digitales.<\/p>\n\n\n\n
El departamento contra Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda ha destacado que este tipo de delitos es de los m\u00e1s activamente perseguidos.<\/p>\n\n\n\n
Recientemente, se han conocido varios casos de alto perfil que demuestran la tendencia de figuras p\u00fablicas a recurrir a los tribunales para proteger su honor y reputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Un ejemplo destacado es la querella con constituci\u00f3n en actor civil presentada por la exviceministra de Cambio Clim\u00e1tico del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germ\u00e1n, contra el comunicador \u00c1ngel Mart\u00ednez, radicado en Miami, y otras cinco personas. Esta acci\u00f3n legal forma parte de un conjunto de medidas iniciadas el 24 de enero de 2025.<\/p>\n\n\n\n
La querella, que tambi\u00e9n incluye a Franchesca Castillo, Jos\u00e9 Manuel Mesa, Lya B\u00e1ez, Aquiles Jim\u00e9nez y Kiko Schwerer, fue interpuesta por los abogados Amauris V\u00e1squez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepci\u00f3n, Mariela Santos Jim\u00e9nez y F\u00e9lix Santana Reyes.<\/p>\n\n\n\n
La demanda alega la presunta violaci\u00f3n de la Ley 61-32 sobre Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Se solicita una indemnizaci\u00f3n de RD$ 10,000,000.00, destinada a la protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n del Sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas (SINAP).<\/p>\n\n\n\n
La acusaci\u00f3n se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales, especialmente en YouTube y las cuentas verificadas de los querellados. Seg\u00fan la querella, en estas plataformas \u201cse propaga la falsa alegaci\u00f3n de que la se\u00f1ora De Camps se encuentra embarazada y que el supuesto padre es el presidente de la Rep\u00fablica, Luis Abinader\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los abogados de De Camps Germ\u00e1n se\u00f1alan que \u201cla narrativa fue amplificada con lenguaje burl\u00f3n, im\u00e1genes manipuladas y afirmaciones carentes de sustento, en lo que la parte accionante describe como una campa\u00f1a de difamaci\u00f3n sistem\u00e1tica y viral\u201d. Estiman que el contenido alcanz\u00f3 a m\u00e1s de 400,000 personas en menos de diez d\u00edas, \u201cprovocando un da\u00f1o severo e irreparable a la honra, dignidad y reputaci\u00f3n de la exfuncionaria\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los representantes legales argumentan que las expresiones proferidas no est\u00e1n amparadas por el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, ya que constituyen \u201cimputaciones falsas, ultrajantes y desproporcionadas\u201d. Afirman que \u201ceste caso representa un ejemplo claro del ejercicio desmedido de la libertad de expresi\u00f3n, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulaci\u00f3n y el descr\u00e9dito\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Otra acci\u00f3n legal relevante contra \u00c1ngel Mart\u00ednez es la denuncia presentada en la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional por Luis Ricardo Reyes Mendoza, a trav\u00e9s de su abogado Miguel de la Rosa, tambi\u00e9n por presunta difamaci\u00f3n e injuria.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el documento, el pasado 20 de mayo, Mart\u00ednez afirm\u00f3 en su programa de YouTube que Reyes Mendoza era un narcotraficante que pose\u00eda una finca en B\u00e1nica, provincia El\u00edas Pi\u00f1as, supuestamente visitada por el presidente Luis Abinader. Adem\u00e1s, la denuncia detalla que Mart\u00ednez asever\u00f3 que Reyes Mendoza \u201cle buscaba mujeres\u201d a la ministra de Interior y Polic\u00eda, Faride Raful, y que era socio de Quirino Ernesto Paulino Castillo (conocido como Quirino), a quien calific\u00f3 de criminal, entre otras acusaciones.<\/p>\n\n\n\n
Reyes Mendoza argumenta que estas afirmaciones han afectado gravemente su vida p\u00fablica y privada, al punto que su padre, Eladio Reyes, falleci\u00f3 de un infarto debido a \u201ctodas las mentiras y difamaciones\u201d vertidas en su contra.<\/p>\n\n\n\n
El investigador \u00c1ngel Mart\u00ednez, radicado en Miami, fue detenido ayer en Puerto Plata por rebeld\u00eda, debido a su ausencia en las audiencias seguidas en su contra. Esta detenci\u00f3n se produjo a ra\u00edz de una demanda por difamaci\u00f3n e injuria interpuesta por el diputado Sergio Moya (Gory).<\/p>\n\n\n\n
La ministra de Interior y Polic\u00eda, Faride Raful, ha anunciado que instruy\u00f3 a su equipo de abogados para iniciar acciones legales contra todos aquellos que participen en una campa\u00f1a de descr\u00e9dito dirigida a su gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de un video publicado en su cuenta de Instagram, Raful enfatiz\u00f3 que, como servidora p\u00fablica, ha actuado con transparencia, integridad y coherencia. Sin embargo, en esta ocasi\u00f3n, habl\u00f3 como hija, madre y ciudadana, en nombre de otras mujeres que \u201chan vivido ataques similares\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La ministra sostuvo que cualquiera puede ser v\u00edctima de extorsi\u00f3n a trav\u00e9s de contenidos manipulados en las redes sociales, lo que considera \u201cuna amenaza real que debemos enfrentar como sociedad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Otra querella de gran relevancia fue la depositada en la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional por los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisi\u00f3n Mariasela \u00c1lvarez.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n legal, por difamaci\u00f3n e injuria en medios digitales, fue interpuesta contra cuatro comunicadores: Juan An\u00edbal Arrendel N\u00fa\u00f1ez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals Garc\u00eda y Aquiles Jim\u00e9nez Fern\u00e1ndez. Los querellantes les atribuyen la difusi\u00f3n reiterada de se\u00f1alamientos difamatorios e injuriosos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la querella, los acusados se hicieron eco de la desinformaci\u00f3n publicada por el comunicador Johnny Arrendel, quien acus\u00f3 a varios periodistas de recibir miles de d\u00f3lares mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).<\/p>\n\n\n\n
El diputado Sergio Moya (conocido como \u201cGory\u201d) mantiene una demanda por presunta difamaci\u00f3n e injuria contra la comunicadora Claudina P\u00e9rez, popularmente identificada como \u201cLa Tora\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En este proceso, la jueza Diana Moreno Rodr\u00edguez, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, emiti\u00f3 una orden de arresto el pasado 30 de abril, tras declarar en rebeld\u00eda a \u201cLa Tora\u201d por no comparecer a la audiencia.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, tras ser arrestada, la jueza conoci\u00f3 una audiencia y dispuso el levantamiento de la rebeld\u00eda que pesaba en su contra, aplazando la audiencia para el 28 de mayo. En respuesta a esta situaci\u00f3n, \u201cLa Tora\u201d ha sometido a un juicio disciplinario a la jueza ante el Consejo del Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n
Otra querella con constituci\u00f3n en actor civil fue presentada por el diputado Sergio Moya contra el comunicador Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal por supuesta difamaci\u00f3n e injuria.<\/p>\n\n\n\n
El legislador se querell\u00f3 ante la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional, a trav\u00e9s de los abogados Jos\u00e9 Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Mart\u00ednez Acevedo.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con sus abogados, el diputado del Partido Revolucionario Moderno acusa al comunicador de los delitos de difamaci\u00f3n e injuria, previstos en los art\u00edculos 367 del C\u00f3digo Penal y 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
En la querella se pide al Departamento de Investigaci\u00f3n de Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda un informe pormenorizado y t\u00e9cnico con relaci\u00f3n a los videos del canal de YouTube.<\/p>\n\n\n\n
Dada la alta concentraci\u00f3n de poblaci\u00f3n y actividad medi\u00e1tica en el Distrito Nacional, una proporci\u00f3n significativa de estas querellas se presentan en esta jurisdicci\u00f3n. La Rep\u00fablica Dominicana cuenta con la Ley 61-32 de 1962, de Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del Pensamiento, que tipifica la difamaci\u00f3n e injuria. Adem\u00e1s, la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda aborda estas conductas cuando se cometen por medios electr\u00f3nicos, lo que facilita la presentaci\u00f3n de querellas y la persecuci\u00f3n de estos delitos.<\/p>\n\n\n\n
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia estableci\u00f3 un criterio importante en la sentencia n\u00fam. SCJ-SS-22-0563, del 2 de junio de 2022. Determin\u00f3 que la difamaci\u00f3n a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos, telem\u00e1ticos, de telecomunicaciones o audiovisuales es un tipo penal especial que debe ser perseguido como infracci\u00f3n de acci\u00f3n p\u00fablica a instancia privada. Esto significa que se exige como requisito esencial la sustanciaci\u00f3n como un proceso ordinario, con una fase preliminar y la presencia del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn el presente caso la acci\u00f3n penal ha sido mal perseguida al comprobarse que los hechos que se atribuyen al imputado son perseguibles mediante el ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica a instancia privada, no a instancia privada, como ocurri\u00f3 en la especie, lo que impide el conocimiento del fondo del proceso y procede la declaratoria de inadmisibilidad\u201d, aclara la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia fue dictada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (quien preside), Fran Euclides Soto S\u00e1nchez y Francisco Antonio Ortega Polanco.<\/p>\n\n\n\n
Dado el alto volumen de poblaci\u00f3n y actividad medi\u00e1tica en el Distrito Nacional, una proporci\u00f3n significativa de estas querellas se presentan en esta jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Rep\u00fablica Dominicana cuenta con la Ley 61-32 de 1962, de Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del Pensamiento, que tipifica la difamaci\u00f3n e injuria. Adem\u00e1s, la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda aborda estas conductas cuando se cometen por medios electr\u00f3nicos, lo que facilita la presentaci\u00f3n de querellas y la persecuci\u00f3n de estos delitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La difamaci\u00f3n por medios digitales se ha convertido en uno de los ciberdelitos m\u00e1s judicializados en la Rep\u00fablica Dominicana. La Fiscal\u00eda del Distrito Nacional recibe anualmente decenas de querellas por difamaci\u00f3n e injuria, un reflejo de la creciente conflictividad generada por el auge de las redes sociales y las plataformas digitales. El departamento contra Cr\u00edmenes […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":39708,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-39707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n