El director del Instituto Nacional de Tr\u00e1nsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison present\u00f3 el pasado viernes una querella contra la empresa Dekolor S.R.L, su presidente y gerente general Rogelio y Sandra Oru\u00f1a, por intento de soborno a empleados de esa instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia fue interpuesta ante la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca).<\/p>\n\n\n\n
En la denuncia se detalla que los sobornos consist\u00edan en oferta de dinero de hasta un mill\u00f3n de d\u00f3lares, adem\u00e1s de amenazas personales, presi\u00f3n institucional a funcionarios clave del Intrant.<\/p>\n\n\n\n
Estas acciones de los Oru\u00f1a ten\u00edan como prop\u00f3sito extender un contrato que ten\u00edan con el Intrant, que ya hab\u00eda vencido y que consist\u00eda en instalar y operar el sistema integral de emisi\u00f3n y renovaci\u00f3n de licencias de conducir en todo el territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n
El contrato suscrito originalmente en enero de 2020 por un per\u00edodo de cinco a\u00f1os, inclu\u00eda la administraci\u00f3n de 21 centros de atenci\u00f3n, provisi\u00f3n de personal y equipos, as\u00ed como la operaci\u00f3n tecnol\u00f3gica completa del sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual direcci\u00f3n institucional.<\/p>\n\n\n\n
Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley n\u00fam. 448-06, asociaci\u00f3n de malhechores, lavado de activos seg\u00fan la Ley n\u00fam. 155-17, estafa contra el Estado y chantaje\/extorsi\u00f3n electr\u00f3nica, con base en el C\u00f3digo Penal y la Ley n\u00fam. 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La querella est\u00e1 respaldada por informes t\u00e9cnicos internos y de la Contralor\u00eda General, evidencias documentales y testimonios, subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos p\u00fablicos. Adem\u00e1s se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participaci\u00f3n deber\u00e1 ser depurada por el \u00f3rgano persecutor.<\/p>\n\n\n\n
Este tipo de acci\u00f3n es inusual en el pa\u00eds. Por lo general, los delitos de corrupci\u00f3n administrativa son perseguidos por el Ministerio P\u00fablico en nombre del Estado. La decisi\u00f3n de un funcionario de alto nivel de ejercer directamente la acci\u00f3n penal, constituye un precedente excepcional dif\u00edcilmente documentado en bases judiciales, registros oficiales o archivos de medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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