La Fuerza del Pueblo (FP) denunci\u00f3 este lunes que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dispuesto, entre los a\u00f1os 2021 y 2024, 318 decretos presidenciales para la asignaci\u00f3n de pensiones especiales sin justificaci\u00f3n legal, beneficiando a 11,007 personas y generando un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a RD$3,925,955,796.<\/p>\n\n\n\n
El pronunciamiento fue realizado por Ra\u00fal Mart\u00ednez, titular de la Secretar\u00eda de Asuntos Jur\u00eddicos de la FP, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompa\u00f1ado por un equipo de vicesecretarios y abogados de la organizaci\u00f3n. Mart\u00ednez sostuvo que el hallazgo se desprende de un estudio minucioso que analiz\u00f3 todas las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en este per\u00edodo, evidenciando una pr\u00e1ctica que calific\u00f3 como abusiva, discrecional y contraria al marco normativo.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el informe, la Ley 379-81, que establece el r\u00e9gimen de pensiones y jubilaciones de los servidores p\u00fablicos, limita este beneficio a quienes cumplen con los requisitos de edad y tiempo de servicio. Si bien otorga al Presidente la facultad de conceder pensiones en casos de incapacidad m\u00e9dica, cualquier otra situaci\u00f3n no contemplada por la ley debe ser aprobada por el Congreso Nacional, tal como lo indica su art\u00edculo 10. \u201cEl Poder Ejecutivo no est\u00e1 autorizado a otorgar pensiones especiales por capricho, y sin embargo, esto es lo que est\u00e1 ocurriendo en la pr\u00e1ctica\u201d, enfatiz\u00f3 Mart\u00ednez, subrayando que se trata de una violaci\u00f3n a la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n
Para dimensionar el alcance de esta pol\u00edtica, el documento revela que el monto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado. Por ejemplo, el gasto supera lo que recibir\u00e1 en 2025 el Ministerio de Trabajo, que cuenta con RD$3,023 millones, y tambi\u00e9n excede con holgura la asignaci\u00f3n del Ministerio de Administraci\u00f3n P\u00fablica, estimada en RD$2,714 millones. Incluso, es m\u00e1s del triple de lo presupuestado para el Ministerio de la Mujer, que apenas dispone de RD$1,254 millones, y quintuplica lo destinado al Ministerio de la Juventud, que recibir\u00e1 RD$754 millones.<\/p>\n\n\n\n
La magnitud del dispendio es a\u00fan m\u00e1s evidente cuando se compara con los recursos asignados a \u00f3rganos constitucionales de alta relevancia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto de RD$1,900 millones para el pr\u00f3ximo a\u00f1o, mientras que la C\u00e1mara de Cuentas apenas alcanza los RD$1,524 millones. El Tribunal Superior Electoral, con RD$1,193 millones, y la Oficina Nacional de Defensa P\u00fablica, con RD$836 millones, quedan tambi\u00e9n por debajo de los casi 4 mil millones destinados a estas pensiones. Incluso el Defensor del Pueblo, pieza fundamental para garantizar los derechos ciudadanos, contar\u00e1 con solo RD$375 millones, lo que evidencia un marcado desbalance en las prioridades del gasto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito institucional, la denuncia adquiere mayor gravedad al contrastar el gasto en pensiones especiales con programas sociales y de salud que impactan directamente en la vida de la poblaci\u00f3n. Con el dinero destinado a estas pensiones, se podr\u00eda financiar varias veces la detecci\u00f3n y tratamiento del c\u00e1ncer, que dispone de apenas RD$427 millones, o cubrir sobradamente la prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de la tuberculosis, cuyo presupuesto es de RD$235 millones. Incluso, se podr\u00edan ampliar significativamente los programas de prevenci\u00f3n del VIH-SIDA, que cuentan con RD$1,737 millones, y los planes de alfabetizaci\u00f3n en el nivel primario, que suman RD$1,832 millones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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