{"id":48581,"date":"2025-11-15T11:35:23","date_gmt":"2025-11-15T15:35:23","guid":{"rendered":"https:\/\/conexion23.com\/?p=48581"},"modified":"2025-11-15T11:01:55","modified_gmt":"2025-11-15T15:01:55","slug":"finjus-entrega-al-presidente-de-la-camara-de-diputados-observaciones-al-proyecto-de-codigo-procesal-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexion23.com\/?p=48581","title":{"rendered":"FINJUS entrega al presidente de la C\u00e1mara de Diputados, observaciones al Proyecto de C\u00f3digo Procesal Penal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>El vicepresidente de la Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS),\u00a0Servio Tulio Casta\u00f1os Guzm\u00e1n, remiti\u00f3 al presidente de la C\u00e1mara de Diputados, Alfredo Pacheco, un documento con observaciones t\u00e9cnicas al Proyecto de C\u00f3digo Procesal Penal (CPP) aprobado por el Senado, que actualmente se estudia en la C\u00e1mara Baja.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El informe, elaborado por una comisi\u00f3n t\u00e9cnica coordinada por el jurista Francisco \u00c1lvarez Mart\u00ednez, examina la coherencia, adecuaci\u00f3n y alineaci\u00f3n del proyecto con los principios constitucionales, destacando los avances y se\u00f1alando art\u00edculos que, a juicio de la entidad, deben ser revisados antes de su aprobaci\u00f3n definitiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre los puntos analizados, FINJUS advierte sobre posibles retrocesos en materia de garant\u00edas procesales, control judicial y derechos fundamentales. Cita como ejemplos las modificaciones a los art\u00edculos relativos a la\u00a0<strong>rebeld\u00eda del imputado, el plazo razonable, la prisi\u00f3n preventiva, las interceptaciones telef\u00f3nicas y la admisibilidad de la querella<\/strong>, entre otros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Estimado Presidente:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nos complace transmitirle el saludo muy cort\u00e9s de la Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), en ocasi\u00f3n de hacer llegar a usted, as\u00ed como a todos los miembros de la C\u00e1mara de Diputados, algunas observaciones realizadas al Proyecto de C\u00f3digo Procesal Penal, aprobado por el Senado que, actualmente, cursa en la Honorable C\u00e1mara que Ud. dirige.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El contenido esbozado en esta comunicaci\u00f3n es el resultado de una minuciosa jornada de trabajo de una comisi\u00f3n t\u00e9cnica auspiciada por FINJUS bajo la coordinaci\u00f3n del Lic. Francisco \u00c1lvarez Mart\u00ednez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En atenci\u00f3n al proceso de revisi\u00f3n legislativa derivado de la Sentencia TC\/0765\/24, mediante la cual el Tribunal Constitucional declar\u00f3 inconstitucional, por vicios de forma, la Ley n\u00fam. 10-15 que introdujo importantes reformas al C\u00f3digo Procesal Penal (CPP), hemos producido insumos para ahondar en el an\u00e1lisis comparativo y t\u00e9cnico de los principales art\u00edculos del texto actualmente bajo discusi\u00f3n, y que a nuestro entender podr\u00edan ser mejorados sustancialmente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los aspectos m\u00e1s relevantes de nuestro ejercicio de an\u00e1lisis se enmarcan en criterios relacionados con la coherencia, adecuaci\u00f3n y alineaci\u00f3n del texto del proyecto de CPP con los principios constitucionales, examinando la evoluci\u00f3n del marco procesal penal, identificando avances sustantivos y \u00e1reas que requieren revisi\u00f3n antes de su eventual aprobaci\u00f3n legislativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque hemos encontrado numerosos art\u00edculos con modificaciones propuestas que representan una continuidad de los aspectos m\u00e1s equilibrados del actual CPP, hemos observado con preocupaci\u00f3n que en el Proyecto que fue aprobado por el Senado de la Rep\u00fablica fueron incluidas reformas que de ser mantenidas sin cambios, se constituir\u00edan en lesiones a nuestro sistema de justicia penal y al conjunto de garant\u00edas procesales imprescindibles para la salvaguarda del debido proceso, como lo estipula nuestra Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00f3lo a modo de ejemplo, deseamos referirnos a algunos art\u00edculos que merecen ser objeto de un an\u00e1lisis m\u00e1s exhaustivo de su redacci\u00f3n y la b\u00fasqueda de alternativas m\u00e1s adecuadas para su redacci\u00f3n final. Iniciemos:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 101.- Rebeld\u00eda del imputado.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El art\u00edculo ampl\u00eda los supuestos de declaratoria de rebeld\u00eda al incluir casos vinculados a la ejecuci\u00f3n de sentencias firmes y a la incomparecencia ante el juez de ejecuci\u00f3n, reforzando as\u00ed el control sobre los condenados y evitando la impunidad en la etapa posterior al juicio. Mantiene las medidas de aseguramiento del texto vigente -impedimento de salida, publicaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n de fianza, conservaci\u00f3n de pruebas y designaci\u00f3n de defensor-, reorganiz\u00e1ndolas sin alterar su contenido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La principal novedad radica en que la rebeld\u00eda ya no exige acreditar el \u201cprop\u00f3sito de sustraerse\u201d del proceso, lo que agiliza su declaratoria pero reduce el est\u00e1ndar de motivaci\u00f3n judicial. En t\u00e9rminos de pol\u00edtica procesal, el cambio fortalece el control del Estado sobre el imputado o condenado renuente, aunque puede suscitar debate en torno a la proporcionalidad de las medidas y al equilibrio entre eficacia procesal y garant\u00edas de libertad personal.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 102.- Efectos de la rebeld\u00eda.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El art\u00edculo conserva el esquema y los efectos esenciales del r\u00e9gimen de rebeld\u00eda previsto en el c\u00f3digo vigente, reafirmando que la declaraci\u00f3n de rebeld\u00eda no interrumpe el procedimiento preparatorio ni impide la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, aunque suspende la audiencia preliminar. La principal modificaci\u00f3n consiste en una mayor casu\u00edstica: el texto divide en m\u00faltiples p\u00e1rrafos la regulaci\u00f3n de la comparecencia posterior del imputado, el tratamiento de su arresto y la posibilidad de imponer o sustituir medidas de coerci\u00f3n, lo que genera cierta redundancia normativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque el nuevo texto pretende ordenar el procedimiento posterior a la rebeld\u00eda, en la pr\u00e1ctica otorga al juez una discrecionalidad m\u00e1s amplia sin pautas objetivas de valoraci\u00f3n, lo que puede producir interpretaciones dispares. En cambio, mantiene intactos los derechos de la v\u00edctima para accionar civilmente y la prohibici\u00f3n de reintroducir dichas pretensiones ante la jurisdicci\u00f3n penal. En suma, el art\u00edculo no modifica la esencia del r\u00e9gimen actual, pero incrementa su complejidad y deja zonas de ambig\u00fcedad que pueden afectar la seguridad jur\u00eddica en su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 146.- Determinaci\u00f3n del plazo razonable.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El art\u00edculo sustituye el esquema de reglas objetivas de c\u00f3mputo y decisi\u00f3n (arts. 143\u2013146 vigentes) por una cl\u00e1usula abierta de \u201cplazo razonable\u201d sustentada en seis criterios amplios y una pr\u00f3rroga judicial \u201cpor decisi\u00f3n motivada\u201d. Aunque se remite a la duraci\u00f3n m\u00e1xima del art. 150, la t\u00e9cnica normativa desplaza la previsibilidad de los plazos hacia un est\u00e1ndar discrecional que, si no se aplica con control estricto, puede derivar en dilaciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La jurisprudencia constitucional reciente ha precisado que la falta de capacidad del sistema no justifica demoras; el \u201cplazo razonable\u201d debe leerse a la luz del\u00a0<strong>plazo legal<\/strong>\u00a0y solo admite apartamientos por\u00a0<strong>circunstancias excepcionales concretas<\/strong>,\u00a0<strong>debidamente explicitadas y computadas<\/strong>. En coherencia con ello, cualquier pr\u00f3rroga bajo este art\u00edculo requiere motivaci\u00f3n reforzada: identificaci\u00f3n de la causa excepcional, distribuci\u00f3n cronol\u00f3gica de tiempos atribuibles al Estado\/MP y a la defensa, explicaci\u00f3n de la idoneidad de la pr\u00f3rroga y estricta sujeci\u00f3n a la duraci\u00f3n m\u00e1xima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En su redacci\u00f3n actual, el art\u00edculo\u00a0<strong>debilita la seguridad jur\u00eddica<\/strong>\u00a0y traslada el eje del control temporal desde reglas verificables a un cat\u00e1logo de criterios subjetivos. Para evitar fricciones con el est\u00e1ndar constitucional, se impone una aplicaci\u00f3n\u00a0<strong>restrictiva y excepcional<\/strong>, con\u00a0<strong>carga probatoria en el \u00f3rgano estatal<\/strong>\u00a0que pida la pr\u00f3rroga y con\u00a0<strong>control de proporcionalidad<\/strong>\u00a0por el juez. La incorporaci\u00f3n de criterios subjetivos sin l\u00edmites normativos puede resultar inconstitucional si se interpreta de forma expansiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, va en contra las sentencias<a href=\"https:\/\/www.elcaribe.com.do\/gente\/sociales\/tc-deja-abierta-la-galeria-la-ninez-tiene-la-palabra\/\">\u00a0<strong>TC<\/strong><\/a><strong>\/0602\/25 del 11 de agosto de 2025<\/strong>, y\u00a0<strong>TC\/0740\/24<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>TC\/1106\/24<\/strong>), de donde se desprenden tres ideas fuertes:<\/p>\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>El \u201cplazo razonable\u201d no es excusa el\u00e1stica<\/strong>. la\u00a0<strong>falta de capacidad del sistema<\/strong>\u00a0o congesti\u00f3n\u00a0<strong>no<\/strong>\u00a0justifica demoras que perjudiquen a quien est\u00e1\u00a0<em>sub iudice<\/em>.<\/li>\n<li>Si el juzgador se aparta del\u00a0<strong>plazo legal\/duraci\u00f3n m\u00e1xima<\/strong>, debe existir una\u00a0<strong>situaci\u00f3n excepcional<\/strong>\u00a0<strong>concretamente explicitada y computada<\/strong>\u00a0(no f\u00f3rmulas generales).<\/li>\n<li>La cronolog\u00eda importa. los periodos muertos entre audiencias o recursos\u00a0<strong>s\u00ed cuentan<\/strong>\u00a0contra el Estado si no est\u00e1n\u00a0<strong>justificados con precisi\u00f3n<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 151.- Duraci\u00f3n m\u00e1xima.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto conserva la duraci\u00f3n m\u00e1xima de cuatro a\u00f1os, pero introduce una serie de p\u00e1rrafos que incorporan criterios subjetivos para evaluar la \u201crazonabilidad\u201d de cada acto procesal y su impacto en el c\u00f3mputo total, adem\u00e1s de vincular expresamente la medici\u00f3n del plazo con el concepto de \u201cplazo razonable\u201d previsto en el art\u00edculo 146.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque la finalidad aparente es reforzar el control judicial sobre el tiempo procesal, la t\u00e9cnica utilizada genera el efecto contrario: al exigir al juez valorar la razonabilidad de cada actuaci\u00f3n, se abre la puerta a interpretaciones amplias que pueden justificar demoras estructurales o administrativas, desnaturalizando la garant\u00eda constitucional del\u00a0<strong>plazo m\u00e1ximo<\/strong>. En la pr\u00e1ctica, la duraci\u00f3n l\u00edmite de cuatro a\u00f1os -m\u00e1s la pr\u00f3rroga excepcional de doce meses en caso de sentencia condenatoria- se ve debilitada por la introducci\u00f3n de una\u00a0<strong>cl\u00e1usula interpretativa flexible<\/strong>, que permite justificar casi cualquier dilaci\u00f3n si el juez la considera \u201crazonable\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La jurisprudencia del\u00a0<strong>Tribunal Constitucional<\/strong>\u00a0(v.gr.\u00a0<strong>TC\/0602\/25, TC\/0740\/24 y TC\/1106\/24<\/strong>) ha sido consistente en afirmar que el\u00a0<strong>\u201cplazo razonable\u201d debe entenderse a partir del plazo legal<\/strong>\u00a0y que solo pueden excluirse los per\u00edodos imputables al propio imputado o a causas excepcionales\u00a0<strong>explicadas, computadas y debidamente justificadas<\/strong>\u00a0por el \u00f3rgano judicial. En consecuencia, la falta de capacidad del sistema o los retrasos institucionales\u00a0<strong>no constituyen excusa v\u00e1lida<\/strong>\u00a0para prolongar el proceso en perjuicio del justiciable.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 180.- Actuaci\u00f3n para el registro de personas.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque el nuevo texto mantiene la estructura b\u00e1sica del art\u00edculo vigente, introduce modificaciones regresivas en materia de garant\u00edas personales durante los registros. Si bien conserva la advertencia previa al registro -que obliga al funcionario a informar a la persona de la sospecha y ofrecerle la posibilidad de exhibir voluntariamente el objeto buscado-, parece\u00a0<strong>eliminar\u00a0<\/strong>la cl\u00e1usula que extend\u00eda estas reglas a los\u00a0<strong>registros de veh\u00edculos<\/strong>, que serv\u00eda como puente interpretativo entre las diligencias personales y materiales. Esto \u00faltimo tiende a ser muy relevante, avanzado un proceso penal, para fines de admisibilidad de la prueba.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estas omisiones, aunque formales en apariencia,\u00a0<strong>debilitan la tutela de la integridad y dignidad personal<\/strong>\u00a0frente a actuaciones potencialmente intrusivas de la fuerza p\u00fablica. La exigencia de levantar un acta documentando la advertencia previa, la identidad del funcionario y la firma (o negativa) del registrado, se mantiene, pero su regulaci\u00f3n se fragmenta y pierde claridad, aumentando el riesgo de pr\u00e1cticas policiales sin control documental efectivo.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 196.- Interceptaci\u00f3n de telecomunicaciones.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo art\u00edculo ampl\u00eda de forma preocupante el alcance y la duraci\u00f3n de las interceptaciones de comunicaciones, reduciendo los controles judiciales y las garant\u00edas de protecci\u00f3n del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque mantiene la exigencia de autorizaci\u00f3n judicial previa, introduce modificaciones sustantivas que alteran el equilibrio entre la eficacia investigativa y la tutela de los derechos fundamentales:<\/p>\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Extiende el plazo de la medida<\/strong>\u00a0de sesenta a\u00a0<strong>noventa d\u00edas<\/strong>, y permite su renovaci\u00f3n indefinida, sin exigir motivaci\u00f3n reforzada ni control de proporcionalidad acumulativo;<\/li>\n<li><strong>Elimina la restricci\u00f3n material<\/strong>\u00a0que limitaba la medida a delitos graves (penas superiores a cuatro a\u00f1os) o a procesos complejos, permitiendo potencialmente la interceptaci\u00f3n en cualquier tipo de investigaci\u00f3n;<\/li>\n<li><strong>Suprime la referencia expresa a la destrucci\u00f3n de los registros<\/strong>\u00a0y transcripciones tras la expiraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n p\u00fablica, debilitando la cadena de custodia y la protecci\u00f3n de datos personales;<\/li>\n<li><strong>Mantiene la posibilidad de usar la informaci\u00f3n obtenida por casualidad<\/strong>\u00a0en otras investigaciones, ampliando el margen de utilizaci\u00f3n de pruebas obtenidas en contextos ajenos a la orden original; y<\/li>\n<li>A pesar de conservar la exclusi\u00f3n de conversaciones de car\u00e1cter personal o familiar,\u00a0<strong>no establece sanci\u00f3n procesal alguna<\/strong>\u00a0ante su incorporaci\u00f3n o difusi\u00f3n indebida.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">En conjunto, estas modificaciones pueden transformar una medida de\u00a0<strong>car\u00e1cter excepcional y restrictivo<\/strong>\u00a0en una herramienta de vigilancia expansiva, reduciendo el control judicial efectivo y vulnerando los est\u00e1ndares de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n, el art\u00edculo 11 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana (<em>Trist\u00e1n Donoso vs. Panam\u00e1<\/em>,\u00a0<em>Escher y otros vs. Brasil<\/em>).<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 200.- Facultad de abstenci\u00f3n.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto conserva la estructura b\u00e1sica del art\u00edculo vigente, pero introduce dos modificaciones que reducen sensiblemente el alcance garantista de la\u00a0<strong>facultad de abstenci\u00f3n<\/strong>:<\/p>\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li>La limita a los casos en que la declaraci\u00f3n\u00a0<strong>vincule directamente al c\u00f3nyuge o pariente del testigo<\/strong>, lo que implica una valoraci\u00f3n previa del contenido por parte del juez o del Ministerio P\u00fablico, y debilita su car\u00e1cter de\u00a0<strong>derecho personal y preventivo<\/strong>; y<\/li>\n<li>Excluye su aplicaci\u00f3n cuando la v\u00edctima sea\u00a0<strong>menor de edad o persona en situaci\u00f3n de vulnerabilidad<\/strong>, lo que impone al pariente un deber de declarar incluso en contextos familiares potencialmente conflictivos o emocionalmente coercitivos.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si bien la intenci\u00f3n es proteger a v\u00edctimas especialmente fr\u00e1giles, el resultado pr\u00e1ctico es una\u00a0<strong>restricci\u00f3n regresiva<\/strong>\u00a0de un principio procesal cl\u00e1sico -la abstenci\u00f3n como manifestaci\u00f3n del derecho a no declarar contra los v\u00ednculos m\u00e1s cercanos-, que se fundamenta en la\u00a0<strong>protecci\u00f3n de la intimidad familiar y en la prevenci\u00f3n del testimonio forzado por v\u00ednculos afectivos o de lealtad<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La excepci\u00f3n introducida, adem\u00e1s,\u00a0<strong>contradice el principio de no autoincriminaci\u00f3n indirecta<\/strong>, reconocido por la jurisprudencia constitucional y la Corte Interamericana (<em>caso V\u00e9lez Loor vs. Panam\u00e1<\/em>,\u00a0<em>caso Maldonado Ord\u00f3\u00f1ez vs. Guatemala<\/em>), seg\u00fan la cual las garant\u00edas de defensa no se circunscriben al imputado, sino que se extienden a sus allegados cuando el testimonio los puede comprometer penalmente o afectar su entorno familiar. La limitaci\u00f3n del derecho de abstenci\u00f3n rompe con el est\u00e1ndar interamericano de \u2018no declarar contra los v\u00ednculos \u00edntimos\u2019, reconocido desde el caso Castillo Petruzzi vs. Per\u00fa, por ejemplo.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 238.- Prisi\u00f3n preventiva.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto transforma de manera significativa el r\u00e9gimen de la prisi\u00f3n preventiva, ampliando de tres a ocho los supuestos habilitantes para su imposici\u00f3n. A las causas cl\u00e1sicas -riesgo de fuga, obstaculizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y peligro para la v\u00edctima o la sociedad- se suman ahora figuras como la\u00a0<strong>reiteraci\u00f3n delictiva<\/strong>, el\u00a0<strong>incumplimiento de medidas previas o de \u00f3rdenes de protecci\u00f3n<\/strong>, la\u00a0<strong>evasi\u00f3n o violaci\u00f3n de localizadores electr\u00f3nicos<\/strong>, e incluso la\u00a0<strong>existencia de un proceso o pena previa por \u201checho grave\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque la redacci\u00f3n mantiene las excepciones humanitarias (personas mayores de 75 a\u00f1os, embarazadas, lactantes o gravemente enfermas), la expansi\u00f3n de los numerales convierte la prisi\u00f3n preventiva en una medida casi ordinaria, lo que\u00a0<strong>erosiona su car\u00e1cter de \u201c\u00faltimo recurso\u201d<\/strong>\u00a0y vulnera el principio de proporcionalidad previsto en el art\u00edculo 40.9 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde la \u00f3ptica del derecho convencional, esta ampliaci\u00f3n contradice la jurisprudencia constante de la\u00a0<strong>Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/strong>, que exige que toda detenci\u00f3n preventiva sea\u00a0<strong>estrictamente necesaria y no autom\u00e1tica<\/strong>\u00a0(<em>caso Su\u00e1rez Rosero vs. Ecuador<\/em>,\u00a0<em>Bayarri vs. Argentina<\/em>, entre otros). El nuevo texto, en cambio, abre espacio para su aplicaci\u00f3n casi autom\u00e1tica ante supuestos amplios y valorativos, como \u201camenaza a la sociedad\u201d o \u201checho grave\u201d, sin requerir prueba individualizada de riesgo procesal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En t\u00e9rminos de pol\u00edtica criminal, la norma puede incentivar el\u00a0<strong>uso excesivo de la prisi\u00f3n preventiva como herramienta de control social<\/strong>, agravando el hacinamiento carcelario y desnaturalizando la finalidad cautelar del proceso penal.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 273.- Admisibilidad de la querella.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto reduce de manera preocupante las garant\u00edas procesales vinculadas a la\u00a0<strong>admisi\u00f3n de la querella<\/strong>, al eliminar tres mecanismos esenciales de control:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(i) el derecho del querellante a\u00a0<strong>subsanar errores formales en tres d\u00edas<\/strong>,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(ii) la posibilidad de que el juez\u00a0<strong>revise la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n del Ministerio P\u00fablico<\/strong>, y<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(iii) la\u00a0<strong>apelaci\u00f3n<\/strong>\u00a0de dicha decisi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estas supresiones transforman lo que antes era un procedimiento equilibrado en un esquema\u00a0<strong>altamente concentrado en la discrecionalidad del Ministerio P\u00fablico<\/strong>, sin contrapesos judiciales ni posibilidad real de impugnaci\u00f3n. Tal redise\u00f1o desnaturaliza el principio de\u00a0<strong>tutela judicial efectiva<\/strong>\u00a0y el derecho de la v\u00edctima a participar activamente en el proceso penal, reconocido en el art\u00edculo 86 del propio C\u00f3digo y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (<em>TC\/0480\/17<\/em>\u00a0y\u00a0<em>TC\/0231\/21<\/em>).<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 285.- Archivo del caso.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto mantiene las mismas nueve causales de archivo, pero introduce un\u00a0<strong>desequilibrio sustantivo<\/strong>\u00a0en la regulaci\u00f3n al eliminar varias garant\u00edas esenciales para el control y cierre definitivo del proceso. En particular:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li>Suprime la disposici\u00f3n seg\u00fan la cual el archivo\u00a0<strong>pone fin autom\u00e1ticamente a cualquier medida de coerci\u00f3n<\/strong>, lo que abre la posibilidad de mantener restricciones personales (como impedimentos de salida o presentaci\u00f3n peri\u00f3dica) pese a la inactividad procesal.<\/li>\n<li>Modifica la naturaleza del\u00a0<strong>archivo provisional<\/strong>, que ahora puede extenderse hasta\u00a0<strong>cuatro a\u00f1os<\/strong>, dilatando artificialmente el proceso sin resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica del imputado.<\/li>\n<li>Reduce la exigencia de variaci\u00f3n de circunstancias como condici\u00f3n para\u00a0<strong>reabrir<\/strong>\u00a0el caso, lo que debilita la seguridad jur\u00eddica y deja abierta la puerta a reaperturas discrecionales o selectivas.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque el texto exige un\u00a0<strong>dictamen motivado<\/strong>, la aparente ausencia de control judicial o l\u00edmite temporal efectivo refuerza una peligrosa concentraci\u00f3n de poder en el Ministerio P\u00fablico. La figura del archivo deja de ser una garant\u00eda de clausura temporal o definitiva y pasa a convertirse en un mecanismo de suspensi\u00f3n prolongada,\u00a0<strong>contrario al principio de duraci\u00f3n razonable del proceso<\/strong>\u00a0y a la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en la\u00a0<em>Sentencia TC\/0035\/19<\/em>, que exige control judicial cuando la inactividad procesal afecta derechos fundamentales.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 303.- Objeto de la audiencia preliminar<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto elimina la definici\u00f3n expl\u00edcita del objeto de la audiencia preliminar, sustituy\u00e9ndola por art\u00edculos operativos centrados en el desarrollo, la resoluci\u00f3n y los presupuestos para la apertura a juicio. Bajo el texto anterior, el art\u00edculo precisaba con claridad que la audiencia preliminar ten\u00eda como objeto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022\u00a0\u00a0 verificar la pertinencia y legalidad de las pruebas que sustentan la acusaci\u00f3n,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022\u00a0\u00a0 corregir los vicios formales de la acusaci\u00f3n o la querella,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022\u00a0\u00a0 definir la calificaci\u00f3n jur\u00eddica provisional de los hechos,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022\u00a0\u00a0 decidir sobre medidas de coerci\u00f3n, y<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022\u00a0\u00a0 aprobar soluciones alternas como criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta enumeraci\u00f3n delimitaba el rol del juez, evitando que la audiencia preliminar se convirtiera en un juicio anticipado o en una fase de simple tr\u00e1mite. La nueva redacci\u00f3n, al omitir estos elementos sustantivos, puede disolver la frontera entre control de legalidad y valoraci\u00f3n del fondo del caso, lo que abre la puerta a decisiones arbitrarias o a la omisi\u00f3n de funciones esenciales, como la depuraci\u00f3n de pruebas il\u00edcitas o irrelevantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La falta de definici\u00f3n expresa del objeto de la audiencia puede desnaturalizar su funci\u00f3n garantista y convertirla en un acto puramente formal, contrario a la l\u00f3gica del sistema acusatorio.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 308.- Auto de apertura a juicio<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto introduce\u00a0<strong>restricciones graves al control judicial y al derecho de impugnaci\u00f3n<\/strong>\u00a0en el tr\u00e1nsito hacia el juicio. Si bien mantiene la estructura general del auto de apertura a juicio, modifica elementos sustanciales de garant\u00eda:<\/p>\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Elimina la posibilidad de recurrir aspectos vinculados a la medida de coerci\u00f3n<\/strong>, limitando la revisi\u00f3n judicial efectiva y consolidando la decisi\u00f3n del juez de instrucci\u00f3n sin posibilidad de apelaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Sustituye la regla anterior que permit\u00eda reconsiderar la exclusi\u00f3n de pruebas o resolver incidentes conforme al art\u00edculo 305, lo que\u00a0<strong>reduce las oportunidades de depuraci\u00f3n probatoria<\/strong>\u00a0antes del juicio.<\/li>\n<li>Reemplaza el procedimiento formal de remisi\u00f3n al presidente de la c\u00e1mara -que garantizaba transparencia y control jer\u00e1rquico- por una mera transmisi\u00f3n administrativa del expediente, lo que\u00a0<strong>desdibuja el car\u00e1cter jurisdiccional<\/strong>\u00a0del acto de apertura.<\/li>\n<\/ol>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 377.- Plazos<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto\u00a0<strong>ampl\u00eda sustancialmente los plazos procesales y la duraci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva<\/strong>, alterando el equilibrio entre eficacia investigativa y garant\u00eda de libertad personal. Mientras el r\u00e9gimen vigente fijaba un l\u00edmite m\u00e1ximo de\u00a0<strong>cuatro a\u00f1os de duraci\u00f3n del proceso<\/strong>, el nuevo texto lo eleva a\u00a0<strong>seis a\u00f1os<\/strong>, y extiende la prisi\u00f3n preventiva de\u00a0<strong>18 a 24 meses<\/strong>, con la posibilidad de sumar\u00a0<strong>12 meses adicionales tras una sentencia condenatoria<\/strong>. Estas ampliaciones desnaturalizan el car\u00e1cter excepcional de la prisi\u00f3n preventiva y afectan directamente el derecho a ser juzgado en un\u00a0<strong>plazo razonable<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La extensi\u00f3n de los plazos del procedimiento preparatorio (de 8 y 12 meses a 12 y 18 meses) introduce una\u00a0<strong>dilataci\u00f3n estructural<\/strong>\u00a0de la etapa de investigaci\u00f3n, lo que tiende a institucionalizar la lentitud procesal bajo el pretexto de complejidad. Ello contradice la jurisprudencia constitucional dominicana, que ha sostenido que el \u201cplazo razonable\u201d no se mide solo por la complejidad del caso, sino tambi\u00e9n por la\u00a0<strong>diligencia de las autoridades<\/strong>\u00a0(T.C. 0110-19, 12\/03\/2019; T.C. 0303-22, 09\/06\/2022). Estas ampliaciones configuran un retroceso frente al est\u00e1ndar constitucional y convencional de excepcionalidad de la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\" style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Art\u00edculo 439.- Decisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo texto\u00a0<strong>reduce significativamente las atribuciones de la Corte de Apelaci\u00f3n<\/strong>, al eliminar la facultad de ordenar un nuevo juicio cuando la sentencia impugnada presenta vicios sustanciales que no pueden corregirse directamente. Bajo el texto vigente, esa posibilidad -prevista como medida excepcional- permit\u00eda restablecer el debido proceso cuando el vicio afectaba la valoraci\u00f3n de pruebas, la imparcialidad del tribunal o el derecho de defensa, evitando la consolidaci\u00f3n de sentencias defectuosas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con esta reforma, la Corte queda limitada a dos alternativas r\u00edgidas:\u00a0<strong>confirmar o revocar la sentencia<\/strong>, dictando ella misma la nueva decisi\u00f3n sobre la base de los hechos ya fijados en primera instancia. Esta restricci\u00f3n implica una\u00a0<strong>reducci\u00f3n funcional del control judicial<\/strong>, pues impide revisar integralmente casos en los que la estructura probatoria o procesal estuvo viciada, trasladando indebidamente el papel de juzgador de hechos a una instancia de derecho.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde una perspectiva constitucional, la supresi\u00f3n del reenv\u00edo viola el principio del\u00a0<strong>doble grado de jurisdicci\u00f3n<\/strong>\u00a0(art. 69.9 Const. y art. 8.2.h CADH), que exige no s\u00f3lo la posibilidad de revisi\u00f3n formal, sino tambi\u00e9n la\u00a0<strong>revisi\u00f3n material<\/strong>\u00a0de los errores cometidos en la sentencia inicial. Asimismo, contradice la jurisprudencia de la\u00a0<strong>Suprema Corte de Justicia<\/strong>, que ha reconocido el reenv\u00edo como una herramienta esencial para garantizar la justicia correctiva (S.C.J., 1.\u00aa Sala, Sent. 398, 21\/10\/2020), destacando que \u201cla Corte de Apelaci\u00f3n debe disponer la celebraci\u00f3n de un nuevo juicio cuando el defecto impide un pronunciamiento de fondo conforme a derecho\u201d. En la pr\u00e1ctica, este cambio\u00a0<strong>favorece la econom\u00eda procesal sobre la justicia material<\/strong>, impidiendo reparar decisiones basadas en irregularidades graves y convirtiendo la apelaci\u00f3n en un tr\u00e1mite meramente confirmatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los aspectos mencionados son s\u00f3lo una muestra de algunos se\u00f1alamientos que hemos levantado en FINJUS que podr\u00edan ser sustancialmente mejorados, conservando el inter\u00e9s del legislador y de los actores del sistema de justicia, de hacer las adecuaciones que requiere el proceso penal a la luz de los cambios operados en nuestra sociedad y en el mundo en los \u00faltimos 25 a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Reconocemos que el texto del Proyecto de C\u00f3digo Procesal Penal se encuentra actualmente en un proceso de discusi\u00f3n din\u00e1mica y constante evoluci\u00f3n dentro de las comisiones legislativas, lo cual es natural y saludable en una reforma de esta magnitud. No obstante, consideramos oportuno poner sobre la mesa un conjunto de observaciones t\u00e9cnicas que, a nuestro juicio, contribuir\u00edan a fortalecer y blindar la calidad normativa del texto que finalmente resulte aprobado. Ello adquiere especial relevancia ante el rol marcadamente activo que ha asumido el Tribunal Constitucional en los \u00faltimos a\u00f1os, emitiendo criterios con efectos cuasinormativos que, en no pocas ocasiones, han incidido de manera significativa sobre la interpretaci\u00f3n y validez de disposiciones procesales. En ese sentido, nuestras consideraciones buscan anticipar posibles tensiones con dichos criterios jurisprudenciales, con el fin de aportar a la construcci\u00f3n de una ley coherente, sostenible y s\u00f3lida desde la perspectiva constitucional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">FINJUS considera que esta revisi\u00f3n normativa constituye una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, consolidar la seguridad jur\u00eddica y avanzar hacia una pol\u00edtica penal moderna, racional y respetuosa de los derechos humanos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En ese sentido, FINJUS reitera su disposici\u00f3n de colaborar t\u00e9cnica y constructivamente con el Congreso Nacional, propiciando aportes que beneficien a los operadores del sistema de justicia y de la mano con todos los sectores sociales comprometidos con una reforma procesal penal inclusiva, sostenible y alineada con las mejores pr\u00e1cticas comparadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por ello FINJUS le solicita interponer sus buenos oficios para que la Comisi\u00f3n de la Honorable C\u00e1mara de Diputados que estudia el Proyecto del CPP nos conceda un espacio para celebrar una reuni\u00f3n donde le expondremos las propuestas de mejoras del texto del Proyecto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agradecemos muy sinceramente su atenci\u00f3n a estas reflexiones y aprovechamos la ocasi\u00f3n para manifestarle nuestra alta consideraci\u00f3n y saludos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Muy atentamente,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dr. Servio Tulio Casta\u00f1os Guzm\u00e1n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El vicepresidente de la Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia, Inc. 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