Durante casi dos décadas, los gobiernos de turno, el Congreso, los Partidos Políticos, la Junta Central Electoral, la Sociedad Civil, los medios de comunicación, expertos nacionales e internacionales y entidades vinculadas al sistema político y electoral, debatieron la necesidad de transformar el quehacer político de la República Dominicana y regular en una Ley de Partidos Políticos.

La queja generalizada era que, por falta de voluntad política de los principales actores del sistema, las discusiones sobre el proyecto de Ley estaban estancadas y que, en cada cierre de legislatura, perimía el proyecto en discusión.

Por años, el juego estuvo trancado en torno a la modalidad de elección de los candidatos, el tipo de padrón a utilizar, quien regularía los procesos eleccionarios internos y los topes de gastos por candidaturas en las elecciones internas; el control del financiamiento de las mismas y la introducción de un régimen de consecuencias por infracciones a dicha ley.

Las luchas sociales en torno al proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos,  estuvieron fundamentadas en lograr, entre otros puntos,  los siguientes:

1. Reducir los tiempos de precampaña.

2. Reducir los costos de escogencia de candidatos a cargos de elección popular.

3. Transparentar el origen de los fondos recibidos por los precandidatos.

4. Impedir el transfuguismo de los precandidatos que perdían los procesos internos.

5. Democratizar los procesos internos, dando mayor capacidad de decisión a las bases de los partidos y evitando que las cúpulas partidarias se adueñaran de la mayoría de los cargos de elección popular.

6. Fortalecer a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

7. Fortalecer los liderazgos políticos locales y nacionales a través de la capacitación de los cuadros políticos.

8. Promover la implementación de principios éticos en el ejercicio de la política.

Como resultado de la implementación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, podemos decir que ninguno de esos objetivos fueron logrados.

1.     No se redujo el activismo ni los tiempos de precampaña.

2.  Tampoco se redujeron los costos de la precampaña. Todo lo contrario, en los partidos que hicieron primarias, el voto preferencial de los diputados y regidores, hizo incrementar los gastos a niveles nunca antes vistos, para poder competir con un mínimo de posibilidad, dentro de la organización.

3.    Los escándalos surgidos en el último año, por la penetración de la narcopolítica, demuestran que tampoco se cumplió con imponer principios éticos, ni transparentar los fondos recibidos.

4.    El transfuguismo fue mayor. Numerosos precandidatos, a todos los niveles, que perdieron los procesos internos en sus organizaciones, fueron luego candidatos de otras organizaciones políticas.

5.  De 28 organizaciones políticas registradas en la JCE al momento de escoger candidatos, sólo dos hicieron primarias simultáneas el domingo 6 de octubre. Una con padrón abierto (PLD) y otra con padrón cerrado (PRM). Todos los demás partidos hicieron Asambleas, algunas de papel y sin la fiscalización real de la Junta Central Electoral. Por tanto, no hubo tales avances democráticos a lo interno de las organizaciones. 

6.     Hubo boletas municipales donde también fueron nominados  hermanos, primos o esposos, lo que es violatorio de la Ley. Y peor aún, algunos candidatos que perdieron en las municipales, luego fueron candidatos por otros partidos o por su misma organización, a posiciones legislativas. Una barbaridad y una tremenda contradicción, porque se supone que el que perdió en un proceso, por principios y ética, no debía ser candidato a otro nivel, luego de ser derrotado. Pero son de los vacíos que contiene la Ley de Partidos.

7.   Sobre la capacitación de los cuadros políticos esto también fue una ficción. No hubo, en ningún partido, un programa profundo de formación ideológica, política o, sobre las herramientas del trabajo político. Algunos partidos hicieron aguajes, para justificar la obligación legal de invertir el 10% de los fondos recibidos en capacitación. Sólo aguaje, y muy poca capacitación.

En fin, la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos no sirvió para nada. Quizás, para complicar más las cosas y llevarnos a un limbo jurídico que no preludia nada bueno.

Igual pasó con la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, pero ese es un tema que abordaremos en un próximo artículo.