Las clínicas privadas no están violentando la ley cuando cobran depósito o anticipos a pacientes al momento del internamiento, aseguró ayer el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), quien atribuyó las dificultades que afectan a los pacientes a que no se aplica la Ley de Seguridad Social.
El doctor Rafael Mena aseguró que la responsabilidad de las clínicas es estabilizar a todo paciente que llega a sus servicios de emergencia, lo cual se hace siempre, pero que al momento de ingresarlo debe tener una garantía de financiamiento, porque esos centros no reciben subsidio del Estado; no reciben el ajuste por inflación por los servicios que brindan a afiliados y en ocasiones, aunque tienen carnet de seguro, no tienen la cobertura del servicio que se les brinda.
El presidente de Andeclip respondió así a las frecuentes quejas que han surgido en los últimos días en el país de parte de pacientes que van desde indiferencia y otras manifestaciones de deshumanización en la atención hasta la exigencia de depósito económico para el ingreso y dificultades de acceso a una cama de hospital y medicamentos.
Dijo que esas quejas y debilidades que tienen los pacientes y de que adolece el sistema es fruto de la no aplicación de la ley, y a que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) los actores que conocen y les duelen los pacientes, no tienen voto ni poder de veto.
Señaló que la situación económica de los centros de salud no les permite ingresar pacientes sin la garantía de pago, sobre todo porque, aunque la Ley de Seguridad Social establece que deben revisarse y ajustarse las tarifas de los servicios prestados a los afiliados de acuerdo al índice por inflación, eso no se hace.
Dijo que la ley dice que todo paciente que llega a emergencia el centro de salud está la obligación de estabilizarlo y eso se hace en las clínicas, pero no habla de internamiento.
“Es un problema que si se quiere resolver hay que sentarse con la cabeza fría y tratar de que los actores participen apegados al cumplimiento de lo que dice el sistema”, dijo Mena.
Dijo que aunque la ley establece que las tarifas de servicios a los prestadores debe irse ajustando de acuerdo a la inflación, eso no se hace, lo que limita económicamente a los centros de salud y les genera dificultades económicas.
Señaló que desde hace 20 años Andeclipp está pidiendo que se aplique ese ajuste y no se hace, por lo que el gremio anunciará próximamente a cual ARS empezará a paralizarle los servicios de sus afiliados, para que las autoridades del sistema cumplan con lo establecido en la ley.
“Si a nosotros nos hubiesen hecho caso, hace tiempo que esos problemas no existieran, porque nosotros tenemos años luchando porque se aplique la ley 87-01 y no se nos ha hecho caso”, señaló Mena.
Entiende que en ese organismo deben participar los actores que juegan papel importante y que conocen el sistema.
Sobre el tema, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, entiende que todos los actores del sistema deben ponerse de acuerdo en beneficio del paciente, sobre todo en momento en que todavía se vive bajo el impacto de la pandemia del Covid-19.
Recordó que el ajuste por inflación es una disposición que debe adoptar el CNSS tras la revisión de la inflación del último año.
En torno al cobro de depósito en los centros de salud, dijo que las autoridades deben hacer valer lo que está establecido en la ley, porque si un paciente llega con su carnet de seguro y la patología a tratar forma parte de la cartera de cobertura, no debería exigirse depósito.
Entiende que los prestadores deben ponerse de acuerdo con las autoridades para que no haya esas barreras de acceso al servicio de salud que va en perjuicio del paciente y del afiliado al sistema.
La Resolución Administrativa 00156-2008 emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) dispone en su artículo primero que “ Se ordena a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) garantizar a partir de la presente resolución, que en ningún caso o circunstancia las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) contratadas por éstas, exijan a los afiliados del Seguro Familiar de Salud (SFS) pagos por concepto de anticipos o depósito como garantía por los servicios de atención médico-quirúrgicos que estos requieran, o nieguen el servicio por no realizar dicho depósito o anticipo”.
Consultado en torno a las diferentes quejas externadas por pacientes y familiares tanto a través de diversos medios y redes sociales como en entrevistas con redactores de Listín Diario, el día anterior el viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, Eladio Pérez, había señalado que se investigarán las denuncias.
Recordó que el Ministerio de Salud Pública es rector del sistema de salud dominicano, por lo que se harán descensos en centros donde se hacen denuncias de cobros irregulares o debilidades en la calidad de la atención para indagar al respecto.
Señaló que las esperas en las emergencias se registran en ocasiones por la sobredemanda de servicios en algunos centros de salud.
Aunque se trata de quejas que por años han estado presentes como “punto negativo” de la atención médica en el país, es en esta última semana cuando han surgido denuncias de pacientes y familiares que describen la crudeza con que en ocasiones reciben los servicios
Entre las denuncias figuran indiferencia y otras manifestaciones de deshumanización en la atención; exigencia de depósito económico para el ingreso; “rebotes” o alegación de falta de camas al momento de un referimiento y largas horas en emergencias en espera de camas, son parte de las quejas y denuncias que hacen pacientes y familiares.