Los accidentes de tránsito constituyen el principal factor de muertes ocurridas por incidentes viales en esta ciudad de La Romana. Así lo revelan las estadísticas del Tribunal de Tránsito. En el primer cuatrimestre de este año han fallecido 18 personas: 12 en accidentes de motocicletas y seis en vehículos. Como bien muestran las estadísticas, los accidentes de tránsito en motocicletas siguen siendo el dolor de cabeza de las autoridades. Fruto de estos accidentes, resultaron heridas 61 personas en vehículos y 44 en motocicletas.
El total de accidentes en los primeros cuatro meses del año fue de 1,058, siendo enero el mes más accidentado con 307 casos, y abril el menos incidente con 210. El informe arroja, además, una gran cantidad de choques y colisiones entre motoristas, con 171 casos, y 53 choques con animales. En ese orden, la magistrada Magdalena Polanco, procuradora fiscal de Tránsito en el distrito judicial, aseguró que los accidentes de tránsito se han complicado debido a la gran cantidad de personas que resultan lesionadas o muertas.
Polanco entiende que esto se debe a que muchas personas salen a las calles sin tomar en cuenta las normas y señales de tránsito, y otras incluso conducen sin licencia. Enfatiza que en cada accidente existen agravantes como personas conduciendo bajo los efectos del alcohol, sustancias controladas, alta velocidad y distracciones, entre otros factores. La magistrada asegura que otro aspecto que llama la atención en los accidentes es la baja condena que puede recibir una persona que haya atropellado a otra y causado su muerte.
Explica que la Ley 63-17 solo contempla un máximo de tres años de prisión si existen elementos agravantes. Asegura que los legisladores tienen el deber de modificar esta ley, porque no es justo que una persona pierda la vida por culpa de un motorista que circulaba a alta velocidad o realizando maniobras temerarias, y que en menos de tres años el responsable esté nuevamente en libertad transitando por las calles.
Precisa que la antigua Ley 241 sobre tránsito, de 1941, contemplaba una pena máxima de cinco años de prisión. Entiende que los legisladores redujeron esa pena en la ley actual, pensando que con multas más elevadas los conductores tendrían más temor y conciencia. Sin embargo, no ha sido así. Por eso, exige una modificación que contemple al menos de 10 a 15 años de prisión para los casos de muertes agravadas por accidentes de tránsito
