El control del uso de suelo y la distribución de los ingresos generados por el auge inmobiliario y turístico de Verón–Punta Cana mantienen en tensión al Ayuntamiento de Higüey y la Junta Distrital del principal polo turístico del país.
En el centro del conflicto está un viejo acuerdo firmado en 2014, que repartía en partes iguales (50/50) los arbitrios recaudados por concepto de uso de suelo y espacio público.
Ese pacto, concebido como una solución transitoria tras una sentencia del Tribunal Constitucional que limitaba la autonomía administrativa de Verón, permitió durante más de una década que ambas demarcaciones compartieran los ingresos generados por permisos y servicios municipales.
Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la creciente presión por la independencia política y fiscal de Verón han llevado al distrito turístico a romper de manera unilateral el acuerdo con Higüey.
Es así cómo lo que en principio parecía una diferencia administrativa ha escalado hasta convertirse en un conflicto institucional que amenaza con frenar inversiones multimillonarias, paralizar proyectos inmobiliarios y afectar el clima de seguridad jurídica en la zona turística más estratégica del país.
EL ‘TIRA Y JALA’
¿Quién debe administrar los recursos que genera la localidad turística? ¿Bajo qué criterios y condiciones deben repartirse? La respuesta a estas preguntas enfrenta dos visiones verticalmente opuestas.
Desde Higüey defienden la tesis de que Verón es un territorio que creció bajo su sombra, y que, por tanto, no puede pretender una autonomía absoluta sin reconocer la interdependencia histórica ni hacerlo parte de las riquezas que produce para solucionar problemas puntuales de los higüeyanos.
Lo que hace doler la cabeza al municipio cabecera de La Altagracia, con 446,060 habitantes, es que separarse de Verón–Punta Cana implicaría un impacto económico demoledor para los ingresos del Ayuntamiento.
No es para menos. El presupuesto de este año del cabildo de Higüey es de RD$910,000,000 millones, de los cuales el 40 por ciento (RD$364,000,000 millones) depende de los recursos provenientes de Verón–Punta Cana.
De su lado, Verón reclama su autonomía municipal, con control total de sus ingresos y territorio, alegando que su alto nivel de desarrollo ya no le permite seguir como un distrito subordinado política y administrativamente a Higüey.
Y las cifras de la industria turística así lo demuestran. La Asociación de Hoteles del Este (Asoleste) indica que en Punta Cana actualmente operan unas 51,000 habitaciones hoteleras, hay 3,000 en construcción y otras 3,500 proyectadas para los próximos tres años.
“Además, contamos con un máster plan aprobado para casi 10,000 habitaciones adicionales que se desarrollarán en ese mismo período, y que continuarán creciendo en los próximos diez años”, apunta Ernesto Veloz, presidente de Asoleste.
El informe “Inversión Turística Punta Cana-Bávaro”, presentado en marzo de este año por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur), revalida el grado de expansión que experimenta esta zona, al consolidar a La Altagracia como el principal destino de inversión turística e inmobiliaria del país.
El estudio precisa que en el período 2023-2024 Confotur otorgó clasificaciones definitivas a 129 proyectos (hoteles y desarrollos inmobiliarios) distribuidos en 12 destinos, con una inversión total de US$5,791.5 millones.
De ese monto, US$3,172.7 millones (el 55% del total nacional) están destinados a 77 proyectos en La Altagracia, que en conjunto contemplan la construcción de 17,174 habitaciones.
Este crecimiento incuestionable, más los requisitos de ley que cumple con creces, empuja a Verón-Punta Cana a exigir que el Congreso Nacional apruebe sin dilaciones el anteproyecto de ley que propone elevarlo a la categoría de municipio.
Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, esta comunidad tiene una población de 138,919 habitantes, cifra que actualmente supera la suma total de 28 municipios del país.
Sin embargo, al margen de esa iniciativa legislativa, de la autoría del senador altagraciano Rafael Barón Duluc, el epicentro de este debate es el derecho que reclama Verón–Punta Cana para establecer y gestionar su propia Oficina de Planeamiento Urbano. A través de esta oficina, el distrito turístico podría conceder y cobrar permisos de construcción, así como imponer arbitrios y tasas por servicios municipales.
Para defender su postura, las autoridades de Verón se aferran al párrafo I del artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Dicho apartado dispone que: “Los gobiernos locales que cuenten con la capacidad productiva, económica y de recaudación en su demarcación con una población mayor a quince mil habitantes conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, gestionan y autorizan el uso de suelo, a través de la Oficina de Planeamiento Urbano creada para tales fines, y en coordinación con el MEPyD para el ordenamiento territorial”.
Nueve años antes de la promulgación de la Ley 368-22, este conflicto fue dirimido en el Tribunal Constitucional, que mediante sentencia 0152-13, del 12 de febrero de 2013, estableció que “el Distrito Municipal de Verón–Punta Cana, no obstante gozar de potestad normativa, administrativa y uso de suelo, no tiene competencia para la creación de una oficina de planeamiento urbano y la concesión de permisos relacionados a la construcción y uso de suelo, pues la misma corresponde al Municipio de Salvaleón de Higüey”.
Producto de este dictamen, Higüey siguió autorizando permisologías paras el uso de suelo en todo el municipio y sus distritos municipales, incluido Verón–Punta Cana.
En aquella coyuntura, ambas partes lograron ponerse de acuerdo, y en 2014 firmaron un pacto que disponía la distribución en partes iguales de los ingresos municipales derivados del uso de suelo. También, se incluía el pago por uso del espacio público cobrados al Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM), bajo las mismas condiciones.
Once años después, aquel acuerdo que en su momento fue una salida inteligente de equilibrio, es hoy fuente de discordia y encendidas discusiones.
RUPTURA DEL PACTO
Las autoridades de Verón consideran que mantener vigente el denominado acuerdo 50-50 es ilegal, según el mandato de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial. Por ello, el pasado 29 de mayo, el Distrito Turístico Verón–Punta Cana, bajo firma de su director, Ramón Ramírez (Manolito), notificó la ruptura del pacto al Ayuntamiento de Higüey, presidido por Karina Aristy.
La notificación establecía que a partir del 1 de junio de 2025 el Ayuntamiento de Higüey debía abstenerse de realizar cualquier gestión vinculada al uso de suelo, planeamiento urbano o cobros de arbitrios en el territorio de Verón–Punta Cana.
La fractura de estas relaciones fue la bujía impulsora de la agudización de la crisis. Como respuesta, el Consejo de Regidores de Higüey recordó a las autoridades municipales de Verón que no tienen facultad legal para romper de manera unilateral el acuerdo de mancomunidad del 50-50.
También, enviaron un mensaje a los desarrolladores de que solamente el cabildo de Higüey tiene atribución para emitir cualquier tipo de permisos.
