Los congresistas Adriano Espaillat (D-NY), presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC); Ted W. Lieu (D-Condado de Los Ángeles); y Sara Jacobs (D-CA) presentaron hoy un proyecto de ley que busca garantizar el acceso a asistencia legal de sus constituyentes a personas detenidas en centros de detención de inmigrantes.
La Ley de Equidad y Acceso a los Derechos de los Inmigrantes (FAIR) establecería un proceso claro y aplicable para que los detenidos accedan a los Formularios de Autorización para Divulgar Información (PRF). Además, exige que los centros de detención notifiquen a la oficina congresual correspondiente dentro de los siete días posteriores a la solicitud de asistencia por parte del detenido.
Según la congresista Sara Jacobs, el proyecto surge ante la imposibilidad de «supervisar eficazmente ni garantizar la rendición de cuentas si las personas detenidas en centros de detención de inmigrantes no pueden pedir ayuda». Afirma haber escuchado a familiares de detenidos en el centro de detención de Otay Mesa que no contaban con defensa legal y humana porque no se les proporcionaron los formularios que permiten la intervención de las oficinas del Congreso. Por ello, destaca la importancia de la Ley FAIR para asegurar que toda persona detenida pueda solicitar asistencia del Congreso, independientemente de las circunstancias de su detención.
El congresista Ted W. Lieu señaló que «la gestión de casos para los constituyentes es una parte esencial de las funciones representativas de toda oficina congresual». Subrayó la importancia de esta herramienta, especialmente durante las redadas de ICE, en las que se han detenido injustamente a personas inocentes. Para Lieu, un mecanismo claro y efectivo para que los detenidos accedan a los servicios de su oficina congresual es fundamental para proteger sus derechos.
El congresista Adriano Espaillat añadió que garantizar la privacidad de las personas que solicitan asistencia a cualquier agencia gubernamental sigue siendo una prioridad. “Ya sea en asuntos relacionados con inmigración, educación o cobertura médica, las personas deben completar un formulario de autorización para divulgar información, no solo para dar su consentimiento para que se actúe en su nombre, sino también para establecer estándares transparentes sobre cómo se gestionan estos casos”, dijo Espaillat, quien se enorgullece de ser copatrocinador de la Ley FAIR. Con esta ley se busca brindar una guía clara sobre cómo los centros de detención gestionan las solicitudes de documentos confidenciales de los detenidos.
