La auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) arrojó que la institución realizó 30 solicitudes de modificación presupuestaria, por un monto de 886,627,301.64 millones de pesos, por concepto de ajustes de saldos y/o traslado de apropiaciones de un programa a otro, violando lo establecido en las Normas Básicas de Control Interno.
Se señalan debilidades de control interno y algunos hallazgos específicamente en las áreas administrativas y financieras, tales como: Tesorería, Cuentas por Pagar, Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Recursos Humanos, incluyendo también el proyecto Inabie–PNUD.
La investigación fue realizada desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, a la gestión de Cecilio Rodríguez, quien fue destituido por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Se le atribuye, entre otras cosas, haber adjudicado contratos a 1,260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos.
Los hallazgos dan cuenta de que el Inabie no tiene conciliado el Plan Operativo Anual (POA), el Presupuesto y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), realizando compras a través de «objétales» distintos al que asigna el clasificador.
