La vicepresidente de la República, Raquel Peña, dejó claro que es deber del Gobierno garantizar la paz social y la seguridad de la ciudadanía, aunque reconoció el genuino derecho que tienen seguidores del Partido de la Liberación Dominicana de protestar por el encierro de exfuncionarios vinculados a la red de corrupción, denominada Operación Calamar.
Peña indicó que el PRM nada tiene que ver con los disturbios escenificados el pasado domingo en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se conoció medida de coerción contra los implicados en la Operación Calamar.
La vicemandataria indicó que el Gobierno no auspiciará ningún tipo de represalias contra exfuncionarios o dirigentes del PLD.
Respecto a funcionarios activos y al diputado Sergio Moya, PRM-Distrito Nacional, vinculados a la Operación Calamar, la vicepresidente Peña dijo que el Gobierno del presidente Abinader es respetuoso de la Justicia y respeta las investigaciones que realiza el Ministerio Público
