REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La inversión extranjera directa (IED) juega un papel importante para la economía dominicana, y la República Dominicana es uno de los principales receptores de IED en el Caribe y Centroamérica. El gobierno corteja activamente la IED con generosas exenciones de impuestos y otros incentivos para atraer empresas al país. Históricamente, los sectores de turismo, bienes raíces, telecomunicaciones, zonas francas, minería y financiamiento son los principales receptores de IED.
Además de los incentivos financieros, la membresía del país en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR) es una de las mayores ventajas para los inversionistas extranjeros. Los observadores atribuyen al acuerdo el aumento de la competencia, el fortalecimiento del estado de derecho y la expansión del acceso a productos de calidad en la República Dominicana. Estados Unidos sigue siendo el mayor inversionista individual en la República Dominicana. CAFTA-DR incluye protecciones para los inversionistas extranjeros de los estados miembros, incluidos mecanismos para la resolución de disputas.
Los inversionistas extranjeros reportan numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes.
Las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada tanto a nivel nacional como local de gobierno; retrasos en los pagos del gobierno; débil aplicación de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos ya veces localmente sesgados, y procedimientos no estándar en valoración aduanera y clasificación de importaciones. Las leyes débiles de tenencia de la tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada continúan siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo.
La falta de transparencia y la implementación deficiente de las leyes existentes son ampliamente discutidas como quejas clave de los inversores.
