Condenamos enérgicamente que el Ministerio Público no haya actuado con mayor firmeza en el caso del Intrant y la empresa Transcore Latam SRL, frente a las alegadas irregularidades que fueron oportunamente denunciadas por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
Los actos cuestionables relacionados con el mal manejo de los recursos del Estado no deben ser ignorados por el organo persecutor, sin importar la afiliación partidaria del funcionario involucrado. La transparencia debe prevalecer por encima de cualquier interés particular o político.
Es imperativo que las instituciones encargadas de velar por la justicia y la correcta administración de los recursos públicos actúen con la celeridad y el rigor necesarios. La confianza de la ciudadanía en sus gobernantes y en las entidades públicas depende de la capacidad del Estado para sancionar y corregir cualquier tipo de irregularidad. No podemos permitir que estos hechos queden impunes, pues ello socava el principio de legalidad y la credibilidad del sistema democrático.
