No bastaron los mandatos de la Constitución ni de la Ley 311-14. Tampoco las resoluciones y circulares. Para que cientos de cargos municipales de República Dominicana se apresuraran, por fin, a presentar su declaración jurada de patrimonio, la Cámara de Cuentas tuvo que enviar un expediente completo a la Procuraduría General de la República.
Y fue entonces, con el «cuco» de la Pepca rondando, que algunos comenzaron a regularizar su situación… 16 meses después de ser electos o de haber dejado el puesto.
El informe que la Cámara de Cuentas remitió el pasado 25 de abril de 2025 a la procuradora Yeni Berenice Reynoso detalla que 1,591 personas electas o reelectas y 1,644 salientes o que cesan no cumplieron en el plazo legal para entregar la declaración jurada de patrimonio.
El documento enviado por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, a la Procuraduría añadía: «Podría haber otros funcionarios en situaciones de incumplimiento legal de los cuales no hemos obtenido información». Es decir, el número podría ser aún mayor.
Antes de la carta, apenas 19 funcionarios municipales presentaron su declaración de forma extemporánea, después de que se hiciera público el informe oficial en noviembre del año pasado: tres alcaldes, dos vicealcaldes, seis regidores, un director municipal y siete vocales.
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Una cifra insignificante si se considera que más de 1,591 electos permanecían, hasta el pasado abril, en falta.
En ese contexto, llama la atención que la Cámara de Cuentas saliera a celebrar el pasado 17 de junio un «exitoso operativo de presentación de declaración jurada«, en el que, según su propia nota de prensa, hubo una «masiva» asistencia de funcionarios a la sede del órgano fiscalizador.
Lo que no dijo la nota es que muchos de esos funcionarios estaban allí después de que se les moviera el piso con una carta dirigida a la procuradora Yeni Berenice Reynoso Gómez, con atención a Mirna Ortiz, procuradora adjunta de la Pepca.
Más de un año en falta
Los funcionarios electos deben presentar su declaración jurada en los primeros 30 días después de asumir el cargo; los salientes, dentro de los 30 días posteriores al cese.
Sin embargo, los datos muestran que, más de un año después del cambio de mando en los ayuntamientos y distritos municipales, que se produjo en abril de 2024, miles de funcionarios y exfuncionarios seguían incumpliendo este deber legal, pese a que la Ley 311-14 y la Ley de Función Pública 41-08 consideran esta omisión como una falta grave.
