La coalición ambiental del éste y la fundación Macorís Verde, asumieron el compromiso de promover el “proyecto asistencia jurídica solidaria” que impulsa el Instituto de abogados para la protección de medio ambiente,
ISAPROMA,, afirmando que el alto costo de los servicios judiciales impide el acceso a la justicia a la población más vulnerable del país.
Manifestaron los promotores del proyecto en esta provincia David, montesdeoca, Isabel Tonpson y Victor Soufron que es una gran oportunidad pertenecer a este proyecto solidario para dar seguridad jurídica a las juntas de vecinos, las iglesias, clubes, motoristas, venduteros, profesores, sindicatos, y cualquier persona que tenga ingresos que sólo cubren la canasta básica familiar.
Se refirieron a la publicación del índice global de Estado de derecho (Word Justice Project Rule of Law index, 2023) que establece que la República Dominicana ocupa el puesto 76 de 140 países en cuanto a acceso a la justicia.
Afirman que el principal obstáculo para acceder a la justicia, es pagar un abogado con las competencias necesarias para llevar su caso que en ocasiones si tienen algún problema judicial, tienen que hipotecar su casa, sus tierras o cualquier desprendimiento de bienes necesarios para su vida o alimentación y este proyecto viene a resolver este problema.
Plantean que con un aporte mensual de sólo cien pesos (RD$100) y mil doscientos (RD$1200) por el año completo, pueden tener asistencia jurídica, solidaria a nivel nacional en todas las materias, menos en drogas y en estupró o violación sexual, con un equipo de abogados de alta competencia.
Plantean los promotores que son alarmantes las estadísticas de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, que dice que estos obstáculos incluyen la imposibilidad de costear servicios legales, gastos de transporte y otros costos asociados a los procesos judiciales.
INSAPROMA asegura a partir de la experiencia que posee 24 años de ejercicio profesional, que por cada persona que acude a los tribunales, entre dos y tres personas no accede al sistema de justicia, aún teniendo la necesidad de ser atendidas por problemas fundamentalmente económicos.
afirman que en el año 2023 la defensoría pública atendió a más de 200 mil ciudadanos de bajos recursos, sin embargo, la defensoría pública sólo atiende a los que han cometido delitos o crímenes que no tengan recursos económicos, pero no a las víctimas y tampoco en las demás materias, que si el “proyecto de asistencia jurídica solidaria” va a atender como materia laboral, civil, administrativa, tierras de familias, migratorios, entre otros.
La entidad planteó que además de factores económicos, también obstruyen el acceso a la justicia la falta de información y la demora de los procesos judiciales que se prolongan entre dos a cinco años dependiendo del caso y del tribunal.
Los abusos contra las personas vulnerables, disminuirán.
El abogado coordinador del proyecto “Asistencia jurídica solidaria” Euren Cuevas Medina, asegura que los abusos y los maltratos a personas vulnerables que pertenecen al proyecto disminuirán, el simple hecho de qué los beneficiarios del proyecto digan que cuentan con un equipo de abogados para proteger sus derechos fundamentales e individuales le impregna tranquilidad y mayor seguridad jurídica.
Este proyecto se va a desarrollar a nivel nacional , se inició en este mes de junio en SD, se extenderá a otras provincias en los próximos días..
