La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dispuesto, entre los años 2021 y 2024, 318 decretos presidenciales para la asignación de pensiones especiales sin justificación legal, beneficiando a 11,007 personas y generando un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a RD$3,925,955,796.
El pronunciamiento fue realizado por Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por un equipo de vicesecretarios y abogados de la organización. Martínez sostuvo que el hallazgo se desprende de un estudio minucioso que analizó todas las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en este período, evidenciando una práctica que calificó como abusiva, discrecional y contraria al marco normativo.
De acuerdo con el informe, la Ley 379-81, que establece el régimen de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos, limita este beneficio a quienes cumplen con los requisitos de edad y tiempo de servicio. Si bien otorga al Presidente la facultad de conceder pensiones en casos de incapacidad médica, cualquier otra situación no contemplada por la ley debe ser aprobada por el Congreso Nacional, tal como lo indica su artículo 10. “El Poder Ejecutivo no está autorizado a otorgar pensiones especiales por capricho, y sin embargo, esto es lo que está ocurriendo en la práctica”, enfatizó Martínez, subrayando que se trata de una violación a la normativa vigente.
Para dimensionar el alcance de esta política, el documento revela que el monto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado. Por ejemplo, el gasto supera lo que recibirá en 2025 el Ministerio de Trabajo, que cuenta con RD$3,023 millones, y también excede con holgura la asignación del Ministerio de Administración Pública, estimada en RD$2,714 millones. Incluso, es más del triple de lo presupuestado para el Ministerio de la Mujer, que apenas dispone de RD$1,254 millones, y quintuplica lo destinado al Ministerio de la Juventud, que recibirá RD$754 millones.
La magnitud del dispendio es aún más evidente cuando se compara con los recursos asignados a órganos constitucionales de alta relevancia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto de RD$1,900 millones para el próximo año, mientras que la Cámara de Cuentas apenas alcanza los RD$1,524 millones. El Tribunal Superior Electoral, con RD$1,193 millones, y la Oficina Nacional de Defensa Pública, con RD$836 millones, quedan también por debajo de los casi 4 mil millones destinados a estas pensiones. Incluso el Defensor del Pueblo, pieza fundamental para garantizar los derechos ciudadanos, contará con solo RD$375 millones, lo que evidencia un marcado desbalance en las prioridades del gasto público.
Más allá del ámbito institucional, la denuncia adquiere mayor gravedad al contrastar el gasto en pensiones especiales con programas sociales y de salud que impactan directamente en la vida de la población. Con el dinero destinado a estas pensiones, se podría financiar varias veces la detección y tratamiento del cáncer, que dispone de apenas RD$427 millones, o cubrir sobradamente la prevención y atención de la tuberculosis, cuyo presupuesto es de RD$235 millones. Incluso, se podrían ampliar significativamente los programas de prevención del VIH-SIDA, que cuentan con RD$1,737 millones, y los planes de alfabetización en el nivel primario, que suman RD$1,832 millones.
