Un juez federal falló el viernes en contra del Gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos. También mantiene las protecciones para unos 500,000 haitianos.
Chen reprendió a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, por revocar las protecciones para venezolanos y haitianos que, según el juez, los enviaría «de regreso a condiciones que son tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen».
Dijo que las acciones de Noem fueron arbitrarias y caprichosas, y que excedió su autoridad al poner fin a las protecciones que fueron extendidas por el Gobierno del expresidente Joe Biden.
Distintas presidencias estadounidenses han ejecutado la ley durante 35 años basándose en la mejor información disponible y consultando a otras agencias, «un proceso que involucra un estudio y análisis cuidadoso. Hasta ahora», escribió Chen.
Los demandantes y sus abogados acogieron con satisfacción la noticia el viernes, aunque no está claro si ayudaría a las personas que ya han sido deportadas.
«En los últimos meses, personas han sufrido daños indescriptibles —incluida la deportación y la separación familiar— debido a que la Corte Suprema dio luz verde a la agenda discriminatoria y dañina de la secretaria Noem», expresó Emi Maclean, abogada principal de la Fundación de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Norte de California. «Eso debe terminar ahora».
Un portavoz del DHS indicó en un correo electrónico que el programa ha sido «sujeto de abusos, explotado y politizado como un programa de amnistía de facto», y que «jueces activistas no elegidos» no pueden detener el deseo del pueblo estadounidense de tener un país seguro.
«Aunque esta orden retrasa la justicia, la secretaria Noem utilizará todas las opciones jurídicas a disposición del Departamento para poner fin a este caos y dar prioridad a la seguridad de los estadounidenses», decía el correo electrónico.
Las redadas migratorias del segundo Gobierno de Trump han derivado en un aumento en los arrestos de personas que se encuentran ilegalmente en el país, pero también en el fin de programas que ofrecen autorización legal —aunque temporal— para vivir y trabajar en Estados Unidos si se considera que las condiciones en los países de origen de los inmigrantes son inseguras.
Según documentos judiciales, el Gobierno ha puesto fin a las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y de permiso condicional humanitario para aproximadamente 1.5 millones de personas, lo que ha provocado que activistas defensores de los inmigrantes interpongan demandas en diversas partes del país.
