Apenas era la 7 de la mañana del viernes seis del presente mes, cuando un gran estruendo estremeció el sector de La Mina en el municipio Consuelo, provincia San Pedro de Macorís.
Apenas era la 7 de la mañana del viernes seis del presente mes, cuando un gran estruendo estremeció el sector de La Mina en el municipio Consuelo, provincia San Pedro de Macorís.
La explosión del gigantesco tanque de agua que abastecía todo el municipio y zonas aledañas de Consuelo se llevó todo a su paso, causando gran estrago en los munícipes.
La tragedia dejó más de diecisiete viviendas desplomadas, varias personas heridas con fracturas significativas, y un carro bajo los escombros.
Este trágico evento ha dejado toda una comunidad sumida en la impotencia de ver como en sólo segundo perdieron lo que años le costó construir.
Los munícipes son reiterativos, la tragedia pudo evitarse.
Es evidente que la poca supervisión del Estado y sus autoridades en infraestructuras públicas continúan llevando luto y trauma psicológica al pueblo dominicano.
Los afectados atribuyen la tragedia al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, a la senadora de la provincia, Aracelis Villanueva, quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los habitantes y por el suministro eficiente de los servicios.
El informe técnico del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados arrojó que la tragedia se originó en la base del tanque, específicamente en una soldadura longitudinal del primer anillo inferior. Además, agrega que la falla estructural provocó una abertura repentina, permitiendo la liberación súbita del agua almacenada.
Los residentes aseguran fueron alojados en albergues, pero hasta el momento no se les han dicho si serán resarcidos por el Gobierno.
Inapa cita en el informe otras causas del colapso, como la antigüedad de la estructura y el flujo descontrolado que generó un efecto de vacío interno, es decir; presión negativa, provocando el derramamiento equivalente a un millón de galones de agua.
Sin embargo, para quienes lo perdieron todo por la supuesta ausencia o descuido de las autoridades piden al Gobierno ser indemnizados
