Ciudadanos y sectores comunitarios de La Romana han expresado profunda preocupación y reclaman explicaciones públicas sobre un presunto contrato de manejo de residuos sólidos que, según versiones que circulan, habría sido firmado hace más de 15 años y comprometería el manejo de la basura del municipio por un período de hasta 30 años.
La principal interrogante que se plantea es en qué gestión municipal fue suscrito dicho contrato: si durante administraciones vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o en gobiernos municipales asociados al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ya que hasta el momento no se han presentado documentos oficiales que aclaren esta información.
De acuerdo con lo expresado por ciudadanos, el contrato habría beneficiado a una empresa presuntamente establecida en la zona de Verón Bávaro Punta Cana, mediante un acuerdo de larga duración que habría permitido el depósito de los residuos de la provincia en un área vinculada al taller del Ayuntamiento de La Romana, operando por años como un vertedero a cielo abierto.
Comunidades como Villa Verde, San Carlos y otros sectores de la parte alta del municipio denuncian que durante más de una década han convivido con malos olores, contaminación ambiental y condiciones indignas, sin que se produjera una intervención efectiva de las autoridades.
La situación tomó mayor relevancia pública tras la reciente intervención del Ministerio de Medio Ambiente, lo que ha reactivado el debate sobre cómo fue posible que una práctica de esta magnitud se mantuviera durante tantos años sin la debida fiscalización.
En este contexto, la encargada de medio ambiente en la romna, Mónica Lorenzo alzó su voz , manifestando que “hasta aquí se puede permitir que una población sea condenada a vivir entre malos olores y contaminación”, reclamando el cierre definitivo del vertedero y transparencia total en la gestión de los residuos.
Los ciudadanos demandan respuestas concretas a preguntas puntuales:
¿Quién firmó el contrato de la basura por 30 años?
¿En cuál gestión municipal se aprobó?
¿Qué empresa fue beneficiada?
¿Cuánto paga mensualmente el ayuntamiento por ese servicio?
¿Bajo qué condiciones ambientales se ha operado?
Finalmente, los residentes de La Romana reiteran que no se trata de un tema político, sino de salud pública, dignidad humana y derecho a un ambiente sano, exigiendo que las autoridades competentes publiquen de inmediato los contratos, pagos y estudios ambientales relacionados con el manejo de los residuos sólidos del municipio.
