La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) acusó de «garantista en extremo» al tribunal que conoce el juicio de fondo por corrupción que se le sigue al exprocurador general (2016-2020) Jean Alain Rodríguez y adelantó que «de ninguna manera» podría declararse la extinción de la acción penal en esa acusación.
A juicio de la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, el Segundo Tribunal Colegiado ha permitido que el grupo de los 15 acusados actualmente encabezado por Rodríguez, presenten incidentes «que a todas luces son inadmisibles» porque ya fueron fallados y rechazados en el juicio preliminar.
Añadió que, con presentar los incidentes previo a responder la acusación del Ministerio Público, los imputados rehúyen a enfrentarse a las pruebas, a los testigos y a los documentos.
Ortiz dijo que todos los ciudadanos necesitan respuestas a los cuestionamientos y a los sometimientos por corrupción por lo que el Poder Judicial debe «avanzar definitivamente» sobre esos procesos.
Cuestionamiento legítimo
Asimismo, la Pepca consideró como «legítimo» los cuestionamientos a la lentitud de la imputación contra el exprocurador general, expediente por dolo de los recursos del Estado que más se ha extendido, debido a que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional «tiene bastante tiempo conociéndolo».
El Segundo Tribunal Colegiado, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, fue apoderado para conocer el expediente de presunta corrupción hace 13 meses, luego que la corte acogiera la recusación de Rodríguez contra el Cuarto Tribunal Colegiado, escogido para que conociera el juicio de fondo en agosto de 2024.
El Segundo Tribunal Colegiado fue el que también falló el caso de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, el de la Lotería Nacional, conocido como Operación 13, así como el de corrupción en la Omsa que incluyó el asesinato del catedrático Yuniol Ramírez.
El exprocurador insistió en que no es su culpa que no se haya avanzado en su caso que, según él, lleva en los tribunales seis años.
Afirma que con los incidentes presentados buscan demostrar todas las irregularidades y arbitrariedades del Ministerio Público.
Sostuvo que esos fiscales tienen una enemistad declarada contra él y que eso viola el debido proceso y no se ve en «ninguna parte del mundo».
Aseveró también que Participación Ciudadana está «desacreditada por sus actos» y que su informe es «manipulado, dañino e interesado».
