Un juez federal ordenó la liberación del dominicano Bryan Rafael Gómez, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y requerido en República Dominicana por un presunto homicidio.
La decisión judicial ha provocado críticas de sectores políticos que sostienen que el fallo podría obstaculizar los esfuerzos del gobierno para deportar a personas consideradas peligrosas y complicar la aplicación de políticas migratorias más estrictas.
Hasta el momento no se han difundido los fundamentos legales completos de la resolución ni las condiciones impuestas para la liberación de Gómez.
El caso se registra en medio del debate nacional sobre inmigración, seguridad pública y los límites de las decisiones judiciales en materia migratoria.
