Desde el inicio de su mandato el Gobierno de Donald Trump asumió una postura frontal en contra del narcotráfico, y en reiteradas ocasiones ha manifestado sus intenciones de combatir el tráfico de fontanillo y desmantelar carteles.
Otra de las acciones ha sido sancionar la narco política, lo que ha dado lugar a que el gobierno estadounidense haya presentado acusación por vínculos con el narcotráfico en contra de varios políticos o funcionarios latinoamericanos.
El caso más reciente fue el del gobernador del estado de Sinaloa en México, Rubén Rocha Moya, quien junto a otros nueve fue acusado de asociarse con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo a la acusación, Rocha Moya obtuvo la gobernación en 2021 con la ayuda de los hijos de Joaquín «Chapo» Guzmán, y presuntamente, le habría prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.
“Como gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, dice un comunicado de Administración de Control de Drogas (DEA).
Entre los acusados figura Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general del Estado Sinaloa, a quien se le señala por haber recibido aproximadamente 11,000 dólares mensuales de los Chapitos y, a cambio proteger a miembros de la organización de ser arrestados. Las autoridades apuntaron que Castro informaba al Cartel de Sinaloa sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos.
Juan Valenzuela Millan alias “Juanito”, descrito como un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, presuntamente recibió 1600 dólares mensuales de los “Chapitos”. A cambio, según las autoridades, Millan les otorgaba acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos.
“Alrededor de octubre de 2023, Millan presuntamente ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA ya un familiar de esta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron, ya que se sospechaba que la fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación”, describe la acusación.
De igual forma, fueron acusados otros funcionarios gubernamentales o policiales, de quienes apuntan la fiscalía de Nueva York participaron “en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”.
El senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, fue señalado por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Estos mismos cargos enfrentan el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil; el exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipólito, también conocido como “Tornado”; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez alias “Cholo”; el exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Aviles y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Presidentes
Los jefes de Estado no han sido la excepción en los señalamientos por narcotráfico, Nicolás Maduro, arrestado y procesado en Estados Unidos, fue acusado de ser el líder del Cartel de los Soles.
Sin embargo, tras la captura de Maduro en enero del presente año, el Departamento de Justicia de EE.UU. eliminó varias de las alusiones al Cartel de los Soles, y ya no lo señala como líder de esa organización.
Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro fue señalado por el mismo Donald Trump como un “líder del narcotráfico”.
“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.”, escribió Trump en Truth Social en octubre de 2025.
Días después de estas declaraciones, el Departamento del Tesoro comunicó que sancionó al mandatario colombiano por su participación en el narcotráfico internacional.
“Petro ha brindado beneficios a organizaciones narcoterroristas. Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que Colombia siga traficando drogas a nuestro país y envenenando a ciudadanos estadounidenses”, comunicó la entidad, en ese entonces.
En esa ocasión también fueron sancionados, la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti.
No obstante, a inicios del pasado mes de febrero Trump recibió a Petro en la Casa Blanca, donde le obsequió una tarjeta con la dedicatoria “Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”.
