En medio del debate nacional por las medidas económicas anunciadas por el Poder Ejecutivo ante la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente, la Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que ampliaría los beneficios y privilegios de los jueces del Tribunal Constitucional, incluyendo exoneraciones vehiculares, pasaportes diplomáticos para familiares, custodia permanente y un régimen especial complementario de seguridad social.
La iniciativa es autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, actualmente se estudia en una comisión y modificaría varios artículos de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que se promulgó en el 2011.
Entre los nuevos beneficios para los magistrados del TC figura el uso de pasaportes diplomáticos no solo para los jueces, sino también para sus cónyuges, padres, madres e hijos menores de edad o hasta los 25 años cuando no estén casados. El proyecto establece además que ese beneficio continuaría vigente para los jueces retirados por un período de hasta diez años.
La propuesta también dispone que cada juez tendría derecho a un arma corta para defensa personal suministrada por el Estado, conforme a las disposiciones administrativas aprobadas por el presidente del tribunal. En el caso del presidente del Tribunal Constitucional, se añade el uso de franqueadores motorizados para sus desplazamientos.
Importación de vehículos y seguridad
Otro de los beneficios incluidos en la pieza legislativa es la posibilidad de importar, cada cuatro años, un vehículo de motor libre del pago de impuestos, tasas o contribuciones internas y externas, incluyendo el impuesto de primera placa.
El proyecto precisa que el plazo comenzará a contarse desde la juramentación del juez y que el vehículo no podrá ser transferido durante cinco años.
La iniciativa también contempla la entrega de una placa oficial rotulada para uso en el vehículo personal registrado a nombre del juez durante el tiempo de servicio en el tribunal.
En materia de seguridad, el proyecto dispone que los magistrados tendrán custodia personal y familiar permanente mientras ocupen el cargo y luego de su retiro, mediante personal policial y militar suministrado por el Estado.
