Una coalición de organizaciones civiles, religiosas y ciudadanos compareció este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender la constitucionalidad de las disposiciones del nuevo Código Penal relativas al aborto y solicitar el rechazo de una acción directa de inconstitucionalidad sometida contra varios de sus artículos.
Durante una audiencia pública, los intervinientes voluntarios pidieron a la alta corte desestimar el recurso presentado por grupos que favorecen la despenalización del aborto, al considerar que las disposiciones impugnadas se ajustan al artículo 37 de la Constitución de la República, el cual establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, según detalla un comunicado de prensa.
La defensa fue encabezada por la abogada Carmen Orozco Martínez, quien presentó ante los magistrados un documento en el que sostiene que los artículos cuestionados constituyen una aplicación del mandato constitucional sobre la protección de la vida humana.
Según los argumentos expuestos, los artículos 106, 107 y 108 de la Ley 75-2025 mantienen sanciones para quienes provoquen, colaboren, consientan o realicen profesionalmente la interrupción de un embarazo.
Señalaron que el artículo 111 contempla una eximente de responsabilidad penal para el personal médico especializado cuando, luego de agotar todos los medios científicos y técnicos disponibles, la interrupción del embarazo sea necesaria para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos ante una situación de peligro.
Los intervinientes afirmaron que las disposiciones impugnadas forman parte de las facultades del Congreso Nacional para legislar en materia penal y sostuvieron que cualquier modificación al régimen legal sobre el aborto debe producirse mediante los mecanismos legislativos previstos en la Constitución.
Durante su exposición, también manifestaron preocupación por la participación en el proceso de organismos y entidades que han comparecido como amicus curiae —figura jurídica mediante la cual terceros aportan opiniones técnicas o jurídicas al tribunal—, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch, IPAS Latinoamérica y el Caribe, la Red Jurídica Clacai, Participación Ciudadana, la Red de Abogadas Feministas, Oriéntame y la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres.
En ese sentido, sostuvieron que ningún tratado internacional ratificado por el país obliga a la legalización del aborto.
La coalición consideró además que el debate trasciende el ámbito de una política pública específica y abarca principios relacionados con la supremacía constitucional, la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la separación de poderes y las competencias atribuidas a cada órgano del Estado.
Durante la audiencia también participaron representantes del Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ministerio Público, quienes presentaron sus observaciones respecto a la acción de inconstitucionalidad sometida ante el TC y plantearon la inadmisibilidad de los argumentos presentados por los accionantes proaborto.
Al concluir la audiencia, el Tribunal Constitucional otorgó un plazo de cinco días a la parte accionante para responder a las intervenciones presentadas. Una vez vencido ese período, las partes accionadas y los intervinientes dispondrán de otros cinco días para depositar sus escritos de réplica.
Las organizaciones que comparecieron como intervinientes voluntarios fueron la Arquidiócesis de Santo Domingo, Pro-Nación, Juventud Con Una Misión (Jucum), RD Inclusiva y el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi). También participaron las ciudadanas Mercedes Núñez y Anny Esther Burgos, representadas por la abogada Carmen Orozco Martínez.
Al finalizar la audiencia, los integrantes de la coalición expresaron su confianza en que el Tribunal Constitucional emitirá una decisión conforme al texto constitucional y a los principios que sustentan la protección de la vida en el ordenamiento jurídico dominicano.
