La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) insistió este martes en que se amplíe el plazo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pautado actualmente para el 3 de agosto, debido a que resulta «insuficiente» el tiempo que resta para que se corrijan «las señaladas irregularidades, artículos con posibles vicios de inconstitucionalidad, duplicidades, entre otras cuestiones» de la tan esperada norma.
A través de una comunicación dirigida a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la entidad propone la creación de una Comisión Bicameral especial para su estudio
Aunque Finjus reconoce que el país necesita imperativamente abandonar el obsoleto Código Penal de 1884 y valora los esfuerzos por racionalizar el modelo punitivo frente a la criminalidad organizada contemporánea, advierte que la redacción de la Ley núm. 74-25 contiene «delitos ambiguos y desproporcionados» que podrían erosionar la legitimidad del sistema penal.
Entre los ejemplos que cita la Fijus, figuran los artículos que restringen la libertad de expresión, los que criminalizan indebidamente cualquier operación comercial con un menor de edad, el acto médico y los que penalizan, «de manera absoluta» la interrupción del embarazo y desconoce bienes jurídicos igualmente esenciales como la salud y la dignidad de la mujer.
