En Magua, una pequeña comunidad del distrito municipal de Las Cañitas, en Sabana de la Mar, conseguir un saco de arroz o un litro de aceite de cocina puede requerir un viaje o un esfuerzo extra. Sin embargo, conseguir sustancias ilícitas es tan sencillo y cotidiano como dar los buenos días.
En este rincón olvidado, el mercado de las drogas goza de una legalidad de facto que ya quisieran los comercios locales tener.
La noche en que la violencia cobró su peaje más alto, Elvis Manuel Batista, conocido por todos como «Kiko el Pelú», apenas tenía 21 años.
Su vida terminó abruptamente con un balazo en la nuca, un proyectil que atravesó la región occipital y apagó sus ojos mientras los médicos del Hospital General de Higüey intentaban, en vano, ganarle la carrera a la muerte.
El diagnóstico médico fue certero, pero el diagnóstico social de la zona es todavía más devastador.
Lo que ocurrió con «Kiko el Pelú» no fue una simple «riña» o un «conflicto social aislados», como las autoridades policiales se han apresurado a maquillar en sus informes oficiales.
Fue un capítulo más de una guerra abierta, un enfrentamiento armado por el control territorial de un negocio millonario que opera a plena luz del día en Magia de Sabana de la Mar.
En el eje que conecta a Magua con Las Cañitas no hay patrullas, pero sí hay tres puntos de drogas perfectamente establecidos: uno en La Loma de Magua, otro en Cabezú de Magua y el último en el corazón de Las Cañitas.
La verdadera ironía de la pobreza de vigilancia estatal no es la falta de recursos, sino la eficiencia de los criminales.
Mientras la policía local asegura «no tener pistas» ni haber identificado a los responsables del asesinato, los dueños del negocio ilícito controlan el territorio con precisión militar.
Los puntos de drogas están custodiados por hombres fuertemente armados y respaldados por una red de cámaras de seguridad instaladas estratégicamente.
Los delincuentes saben exactamente quién entra y quién sale de su zona; tienen ojos en cada esquina.
El Estado, en cambio, parece ciego.
O quizás, simplemente, prefiere no ver.
En las calles de Sabana de la Mar el rumor no es un secreto, sino un secreto a voces: los agentes policiales y antinarcóticos de la zona no entran a desmantelar los puntos, entran a cobrar el «peaje».
La vigilancia no falla por incapacidad, sino porque se ha privatizado al mejor postor.
Mientras los narcos vigilan con tecnología de punta para proteger sus esquinas, la policía vigila solo el flujo de sus propios bolsillos.
Hoy, la muerte de un joven de 21 años queda registrada en los archivos como una estadística borrosa y manipulada.
En Magua, la impunidad sigue operando con total nitidez a través de un lente de seguridad privado, mientras la justicia camina a oscuras en una zona donde la ley la imponen quienes disparan.
