El Poder Ejecutivo ha sometido ante el Congreso Nacional un proyecto de ley con el objetivo de modificar la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP). Esta iniciativa fue presentada por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director de APP, Andrés Lugo.
El proyecto propone una transformación integral del régimen de APP, permitiendo al Estado dominicano desarrollar obras de infraestructura y servicios públicos con la participación del sector privado. Además, se busca ampliar las facultades de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).
Entre las nuevas disposiciones, se establecen reglas para el financiamiento, la distribución de riesgos, beneficios fiscales y la terminación de contratos. Se pretende corregir rigideces en la legislación actual y agilizar la estructuración y ejecución de proyectos a largo plazo.
El nuevo marco define las APP como contratos de cinco años o más entre un agente público y uno privado, que pueden incluir inversión privada y aportes públicos. Uno de los cambios más significativos es la transformación de la DGAPP en una entidad autónoma con personalidad jurídica, aunque seguirá adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Las atribuciones de esta nueva entidad incluirán la regulación y fiscalización de las APP, evaluación de iniciativas y administración de un banco de proyectos. También se busca fortalecer el papel del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, que estará compuesto por varios ministros y el director de la DGAPP.
El proyecto también establece mayores exigencias para las empresas que presenten iniciativas privadas, incluyendo la necesidad de estudios de prefactibilidad que aborden diversos aspectos técnicos y financieros. La propuesta de una iniciativa privada no garantiza la adjudicación del proyecto, aunque se contempla una ventaja en la evaluación económica para el originador.
Asimismo, se introduce un mecanismo para optimizar activos públicos existentes, permitiendo la rehabilitación y modernización de bienes estatales con inversión privada. El proyecto establece límites fiscales y la intervención del Congreso Nacional en ciertos casos, asegurando que las APP no superen el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año en que se firme el contrato.
